CCOO advierte de la "opacidad e ilegalidad" con que el Gobierno canario efectúa el plan de racionalización de recursos

Actualizado 07/02/2012 12:17:38 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido de la "opacidad e ilegalidad" con la que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo el plan de racionalización de los recursos públicos, puesto en marcha en 2010, medidas que también "han motivado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) eleve sendas consultas al Tribunal Constitucional (TC) para que éste se pronuncie sobre la legalidad de las medidas adoptadas".

Al respecto, apunta a la "opacidad" con la que se lleva a cabo este plan, ya que mientras se aplican medidas restrictivas a los derechos de los trabajadores, "se mantienen sin tocar los privilegios de muchos" directivos del Ejecutivo.

"Racionalizar no significa automáticamente eliminar puestos de trabajo y empresas públicas, sino revisar uno por uno todos los procedimientos y todas las empresas para ver dónde se está siendo ineficiente. Lejos de esto, el Gobierno canario se está limitando a cambiar unilateralmente la normativa laboral expresada a través de convenios colectivos, una práctica manifiestamente ilegal", apuntilló en un comunicado.

El sindicato también ha calificado de "irracional" que en el actual contexto de paro que, en el caso de Canarias arroja cifras por encima del 30 por ciento de la población, el Gobierno canario "esté decidido a incrementar ese desempleo al precio que sea, con lo que pronto podría encontrarse con cifras por encima del 40 por ciento, lo que llevaría a la comunidad a una situación de conflictividad social cuyas consecuencias será imposibles de prever".

Finalmente, CCOO ha señalado que en los próximos días realizará convocatorias de asambleas informativas en todas las empresas públicas canarias para acordar entre todos los trabajadores las medidas a adoptar ante este "atropello de los derechos de los trabajadores públicos e, indirectamente, de los ciudadanos" que son quienes reciben los servicios públicos. Asimismo, solicitará una reunión con el Gobierno regional para que explique "claramente" a la opinión pública cuáles son sus planes de futuro para los servicios públicos.

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