CC.OO. en Canarias denuncia que el Gobierno de España deja fuera del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes

Actualizado 05/05/2008 21:35:05 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del servicio de Correos de Comisiones Obreras en Canarias denuncian que el Gobierno de España ha diluido las competencia en tres ministerios (Fomento, Hacienda y Administraciones Públicas), sin incluir el servicio en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), con el perjuicio para el desarrollo del servicio.

Así se explica en un comunicado del sindicato en el que se reveló también que en esta provincia y según CC.OO., la empresa pública Correos debe comprar o alquilar locales tanto para oficinas como unidades de reparto en núcleos con aumento poblacional como los municipios de Granadilla, San Miguel o Adeje; otros por que se han quedado pequeños como Taco-Barranco Grande, Los Realejos, Icod de los Vinos, Garachico, Añaza, Radazul, Tejina, Tegueste, Valle Gran Rey; otros por que las infraestructuras son defectuosas como Santa Cruz de La Palma, El Paso o la Unidad de Reparto de Santa Cruz de Tenerife en la Plaza de los Patos.

En la nota se señaló además que se necesitan grandes locales y furgones para poder distribuir mejor a domicilio la paquetería que llega a esta provincia, y así poder cumplir con mayor calidad el servicio postal universal que le ha sido encomendado. CC. OO consideró que falta plantilla en núcleos tan importantes como San Isidro, El Médano, Los Abrigos, Valle San Lorenzo, Cabo Blanco, La Orotava, Santa Úrsula, San Sebastián de La Gomera, Tegueste, Tejina, Valle de Guerra, Añaza, Güímar, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Breña Alta, entre otros.

El sindicato consideró que el sector seguirá careciendo de una planificación estratégica a largo plazo, lo que implicaría un alto riesgo en plena efervescencia postal europea, con una Tercera Directiva recién aprobada que incrementará la tensión ya existente en el mercado postal europeo.

Por ello, CCOO "centrará su preocupación en convencer al Gobierno de que urge una determinación política clara con un objetivo que puede ser fácilmente compartido: un servicio público universal, una competencia y un empleo regulados". Solicitan además una mayor inversión en los presupuesto que supere los 250 millones anuales.

El sindicato ya ha reiterado, según la nota, a los responsables del Gobierno su disposición al diálogo, pero advierte que "en la actual coyuntura ni será fácil, ni valdrá cualquier acuerdo".

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