También resultan condenados Manuel Parejo, Ignacio González, Antonio Plasencia, Víctor Reyes y José Tomás Martín, y siete personas quedan absueltas
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo, ha sido condenado a siete años de cárcel y 17 años y medio de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, y a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio público por un delito de prevaricación.
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hecha pública este jueves, también contempla la misma condena para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, mientras que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, han sido condenados a 5 años y tres meses de prisión como cooperadores de un delito de malversación, y a una inhabilitación de 21 años como cooperadores en los delitos de malversación y prevaricación.
Además, el funcionario Víctor Reyes ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 14 años de inhabilitación como cooperador de un delito de prevaricación, y a ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por un delito de prevaricación.
El exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, ha sido condenado a cuatro años de prisión y doce de inhabilitación absoluta como cooperador de un delito de prevaricación, y a siete años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Los seis condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 61,6 millones más intereses, mientras que Inversiones Las Teresitas también deberá abonar otros 52,5 millones.
Quedan absueltos los exportavoces municipales Emilio Fresco y José Emlio García Gómez, los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González, y los funcionarios José Luis Roca, Antonio Messía de Yraola y José Eugenio de Zárate.
Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Los hechos se remontan al año 2001 cuando el Ayuntamiento adquiere 11 parcelas del frente de la playa de Las Teresitas por 52,5 millones, un precio muy superior a su "valor real", que no pasaba de los 20 millones, según diversas tasaciones.
Esta operación, expone la sentencia --de la que Jaime Requena es magistrado ponente-- generó un "grave quebranto" para las arcas municipales en beneficio de los dos empresarios, ya que la operación tenía "transferencias injustificadas" de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación.
Asimismo, resalta que la modificación de usos jerarquizados determinó un "extraordinario" incremento del valor de los terrenos de la parte trasera, que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara de las plusvalías generadas.
UNA "TRAMA DELICTIVA JERARQUIZADA"
Los magistrados, que advierten de una "trama delictiva jerarquizada", resaltan que la operación se financió con un crédito de CajaCanarias concedido en circunstancias "llamativas", y sostienen que el informe de valoración realizado por Tinsa se utilizó para culminar el "engaño" a los órganos de control del Ayuntamiento y el Pleno.
En la sentencia se asegura que el informe era una tasación "muy cuestionable" y con indicios de "haber sido manipulada" según el interés de los acusados, y en el caso concreto de Zerolo, sostienen que tenía un "papel directivo" en la operación y sabía que se estaba "manipulando" el precio de compra, con decisiones "extremadamente gravosas" para las arcas municipales.
Además, como ejemplo de la "gravedad" de la malversación, la sentencia recoge que la operación de compraventa "comprometió seriamente" la capacidad económica del Ayuntamiento al rebajar a la mitad el remanente de tesorería para destinarse a un fin "ajeno" al interés público.
