Detenido en Tenerife un peruano implicado en actos de corrupción del Gobierno de Fujimori

Actualizado 05/01/2007 17:00:04 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un ciudadano peruano en quien pesa una orden internacional de detención dictada por las autoridades peruanas acusado de asociación ilícita, cohecho, encubrimiento real y corrupción de funcionarios durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

El detenido, Claus Oswaldo Corpancho Kleinicque, de 51 años, fue interceptado por los agentes del grupo de Localización de Fugitivos e Interpol, en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en Radazul.

Claus Oswaldo Corpancho Kleinicque pasará a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición a Perú, y formaba parte de un grupo conocido como Los Gordos que mantenía relaciones con Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori.

Los integrantes de este grupo presuntamente habrían pagado sobornos para que fuesen favorecidos en las asignaciones de las licitaciones de adquisiciones de material de guerra, tanto para el Ejército como a la Fuerza Aérea.

Estas compras originaron el Proceso Madre, que consistía en el más importante acto de corrupción destapado del régimen de Fujimori. Las investigaciones de la Procuraduría Anticorrupción de Perú aportaron pruebas suficientes para estimar que los empresarios y los militares simulaban licitaciones para que alguna de las firmas del grupo de Los Gordos resultara favorecida con contratos millonarios.

Esta circunstancia resultó gravemente dañina para la Seguridad Nacional ya que se eliminaron los sistemas de control de calidad del material bélico y se dotó a las Fuerzas Armadas de un material anticuado, usado y no acorde con las circunstancias del momento.

Los Gordos están vinculados a la compra de 36 aviones de combate adquiridos a Bielorrusia y por los cuales el Estado peruano pagó 445 millones, cantidad muy superior a la de su valor real ya que se estima que el 20 por ciento fue destinado al pago de comisiones y eran propietarios de la constructora Corporación Unida S.A., que ganó la licitación pública para la construcción de 170 viviendas para personal policial. Claus C. y sus cómplices pagaron 100.000 dólares a altos funcionarios para obtener su apoyo en las licitaciones convocadas por el Fondo de Vivienda Policial.

Además, antes de que finalizase el Gobierno de Alberto Fujimori, obtuvieron también una concesión por 20 millones de dólares para proveer de telefonía al ámbito rural, a pesar de los antecedentes que obraban sobre ellos como traficantes de armas.

El detenido tiene pendiente otras órdenes búsqueda y captura por otros actos de índole similar. Las penas pedidas para él son de 15 años por la adquisición de material bélico a Bielorrusia y seis años por la construcción de las viviendas, más las que le podrían acarrear por otros procedimientos que no han dado a lugar a su búsqueda.