Una empresa ficticia de Canarias que simulaba contratos defrauda a la Seguridad Social 192.828 euros

 

Una empresa ficticia de Canarias que simulaba contratos defrauda a la Seguridad Social 192.828 euros

Actualizado 27/02/2013 17:49:05 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha impuesto al responsable de una empresa ficticia, que llegó a simular la contratación de 233 trabajadores, una sanción de más de 2 millones de euros, después de que defraudará 192.828 euros.

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2012, cuando el Servicio Público de Empleo detectó el fraude y remitió un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas apuntando que existían indicios sobre la existencia de una empresa ficticia.

En concreto, se trataba de una empresa de construcción que no desarrollaba ninguna actividad y que desde 2008 había simulado la relación laboral con 233 trabajadores, mayoritariamente extranjeros, de origen magrebí y latinoamericano, para que estos trabajadores obtuviesen diversos beneficios en materia de Seguridad Social y Extranjería previo pago de ciertas cantidades económicas, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias en un comunicado.

Asimismo, se comprobó que el supuesto empresario, a través de su abogado, cursaba el alta en Seguridad Social de los trabajadores, tramitaba sus contratos de trabajo, así como les facilitaba nóminas y certificados de empresa para que una vez reunido el periodo de carencia exigido para el percibo de prestaciones, accedieran de forma fraudulenta al percibo de prestaciones por desempleo, maternidad y paternidad o bien regularizaran o modificaran su situación administrativa en España, renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo o reagrupar a familiares.

Otro de los hechos que se comprobó es que esta empresa ficticia no ingresaba las cotizaciones a la Seguridad Social, llegando a acumular una deuda por impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.446.740,15 euros.

Asimismo, el importe de las prestaciones que habían sido concedidas de forma fraudulenta ascendía a 340.239,20 euros pero sólo se percibieron 192.828,27 euros porque al detectarse el fraude se produjo la suspensión cautelar del cobro de esas prestaciones.

Ahora la Inspección Provincial de Las Palmas ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por las 288 infracciones detectadas por simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de Prestaciones por Desempleo, Prestaciones por Maternidad y Paternidad y para la obtención indebida de beneficios en materia de Extranjería.

También se han anulado todos los movimientos de alta en Seguridad Social de los 233 trabajadores que figuraron contratados en esa empresa ficticia.

En cuanto a los supuestos trabajadores que percibieron de forma fraudulenta prestaciones del Sistema de Seguridad Social se han incoado 75 expedientes administrativos sancionadores que contemplan la extinción de prestación obtenida, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica durante un año.

INVESTIGAN UNA VEINTENA DE EMPRESAS MÁS

Por otro lado, se indicó que esta investigación se ha ampliado a otras 20 empresas que están siendo objeto de control al haber detectado la existencia de vínculos de diferente naturaleza con la empresa matriz y que está poniendo al descubierto la existencia de una trama organizada que creaba empresas ficticias para simular la contratación de trabajadores.

De las actuaciones inspectoras que se han concluido hasta el momento se han detectado irregularidades en materia de Seguridad Social y Extranjería en otras cuatro empresas relacionadas con esta trama, entre ellas una sociedad de reciente creación que se valía de dos testaferros para ocultar su responsabilidad administrativa en la actividad de altas fraudulentas que estaba desarrollando.

Finalmente, se indicó que las actuaciones inspectoras se han desarrollado en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el Servicio Público de Empleo de Las Palmas y el Juzgado de Instrucción Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

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