Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 07/03/2010 13:03
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Estatuto de Autonomía de Canarias ha sido, hasta la fecha, el único de los 9 que se han presentado y debatido en el Congreso de los Diputados durante las dos últimas legislaturas que, tras ser tomadas en consideración, no se ha aprobado por falta de consenso en las Cortes, mientras que en la actualidad, el Parlamento tiene sobre la mesa los estatutos de Extremadura y Castilla-La Mancha.
De esta manera, en la página web del Gobierno canario se explica que la reforma del Estatuto de Autonomía se inició en la anterior legislatura autonómica. Tras la consulta con los partidos políticos, el primer avance firme realizado por el Ejecutivo de Canarias fue la creación del Comité Asesor, en mayo de 2004, y el nombramiento de sus miembros, en junio del mismo año.
Por su parte, los trabajos del Comité se plasmaron en un Documento final elevado por el Gobierno de Canarias al Parlamento regional en septiembre de 2004; mientras que en diciembre del mismo año el Comité Asesor fue disuelto.
Ya en el Parlamento autonómico, la actividad de la Ponencia comenzó en junio de 2004 con su creación, en la que estuvieron integrados todos los grupos políticos presentes. En enero de 2006 se logró el acuerdo sobre un texto, que fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias el 31 de julio y aprobado por los miembros de la Cámara autonómica el 13 de septiembre de 2006.
"En la tramitación en el Parlamento de Canarias se separó de la iniciativa lo relativo a transferencias de competencias estatales por la vía del artículo 150 de la Constitución que discurrieron como iniciativa paralela en una nueva Lotraca", indicó el Ejecutivo regional.
Aquí, el texto aprobado por el Parlamento regional se remitió a las Cortes Generales, donde comenzó su tramitación el 6 de febrero de 2007.
Finalmente, el Parlamento de Canarias decidió su retirada el 12 de diciembre de 2007, "y así se acordó por el Congreso de los Diputados", concluyó la explicación del Gobierno de Canarias sobre la tramitación del Estatuto.
ESTATUTOS DE EXTREMADURA Y CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE LA MESA
En cuanto a otras reformas estatutarias, el PSOE prevé que el plazo para la presentación de enmiendas parciales al nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura se cierre en las próximas semanas y que antes de que acabe marzo se constituya la ponencia para discutirlas en el seno de la Comisión Constitucional, precisamente el órgano que tiene pendiente desde hace un año elaborar un informe sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, bloqueado por la incapacidad de PSOE y PP de llegar a un acuerdo sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura y la reserva hídrica.
El presidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono, ya ha señalado que los proyectos de reformas estatutarias se tramitan según su orden de llegada, pero que "no hay ningún obstáculo reglamentario" para que el extremeño adelante al castellano-manchego si los dos grandes partidos mantienen sus distancias sobre el texto procedente de la comunidad que preside José María Barreda.
Fuentes socialistas informaron a Europa Press de que la intención del PSOE es que la nueva norma extremeña pueda estar en vigor el próximo verano, para lo que es necesario que su tramitación culmine el próximo mes en el Congreso y que en el Senado se complete todo antes de que en junio concluya el presente periodo de sesiones.
El Estatuto de Extremadura, cuya modificación llegó a la Cámara Baja con el respaldo de PSOE y PP a finales de septiembre de 2009, fue tomado en consideración dos meses después en sesión plenaria. Desde mediados del pasado mes de noviembre se ha ido prorrogando el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas parciales.
CASTILLA-LA MANCHA, EN DIQUE SECO
Ahora bien, los dos partidos mayoritarios deben tomar ya una decisión sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que se registró en el Congreso hace ya tres años y que lleva 'congelado' doce meses en la misma Comisión Constitucional que debe examinar el texto extremeño.
El PSOE y el PP empezaron discutiendo sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura, que el texto original preveía para 2015, si bien los socialistas castellano-manchegos aceptaron subordinar esa pretensión a cambio de una reserva hídrica para su comunidad de 6.000 hectómetros cúbicos, una cifra que el PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia consideran inasumible.
El pasado mes de diciembre los dos partidos mayoritarios, que ya habían presentado sus enmiendas por separado diez meses antes, se comprometieron a reactivar la reforma en febrero e incluso el PSOE habló de sacarlo adelante con el resto de grupos sin contar con el PP, su socio original en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Pasó febrero y la ponencia no se ha vuelto a reunir, por lo que UPyD ya ha pedido que la reforma sea retirada. Hasta ahora la reforma del Estatuto canario ha sido la única de las nueve tomadas en consideración por el Congreso en las dos últimas legislaturas que no ha logrado ser aprobada por falta de consenso.
Si finalmente las conversaciones entre PSOE y PP arrojan algún resultado, la tramitación de los estatutos castellano-manchego y extremeño podrían realizarse en paralelo, con la consiguiente carga de trabajo para los representantes de los partidos minoritarios en la Comisión Constitucional, que habrían de llevar dos reformas a la vez.