La Fiscalía investiga la cesión de unos terrenos para construir casas sociales en un barrio de San Bartolomé

Actualizado 05/01/2007 13:00:05 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha requerido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el expediente completo que avala la construcción de viviendas sociales en el barrio de El Tablero. Esta operación tiene su origen en un convenio suscrito por la institución sureña en 1995 con los herederos de la familia Viera Pestana, al objeto de concentrar en un único sector los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden al municipio por el desarrollo del suelo afectado.

Sin embargo, la permuta de esos terrenos -que se encuentran repartidos por varios polígonos de El Tablero- nunca fue reconocida por varios miembros de la familia mencionada. De hecho, dos de las personas afectadas han recurrido el convenio por la vía contencioso administrativa, entre otras razones porque el contrato fue firmado por un representante que no estaba autorizado para ello, motivo por el que ambas han solicitado la nulidad del acuerdo.

Además, estos familiares han presentado una denuncia ante la Fiscalía, en la que responsabilizan al Ayuntamiento de incurrir en un supuesto delito contra la ordenación del territorio, una acusación que también extienden a los responsables del Registro de la Propiedad en San Bartolomé, ya que las fincas sobre las que se levantan las dos promociones sociales siguen escrituradas a favor de los Viera Pestana, entre otras anomalías.

Por ello sostienen que la corporación no es la propietaria de ninguno de los terrenos que integran el polígono T6, zona en la que se materializan las compensaciones municipales de ese convenio por la administración del suelo. En ella ya se han entregado 42 viviendas a instancias del Gobierno de Canarias, y la empresa Mazotti construye otras 56 para el consistorio, que también gestiona en la actualidad la solicitud de un crédito bancario para ejecutar la urbanización.

La denunciada presentada ha activado la investigación del fiscal adscrito al servicio de Medio Ambiente, quien ha abierto diligencias previas y ha solicitado una copia completa del expediente que contiene estas actuaciones, a las cuales se oponen los familiares por considerarlas "ilegítimas".