LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y el Cabildo de Fuerteventura para ejecutar la planta de clasificación y compostaje de la 2ª fase de desarrollo del Complejo Ambiental de Zurita.
El acuerdo se aprueba tras el procedimiento de expropiación de los terrenos anexos al Complejo Ambiental de Zurita iniciado por el Gobierno de Canarias en 2008 para dotar al citado Complejo del suelo necesario para su ampliación y que ahora permitirá tener las instalaciones necesarias para el correcto tratamiento de los residuos orgánicos que se generan en la isla y permitiendo la "plena adaptación" del Complejo a la normativa ambiental de aplicación.
Estas previsiones se encuentran en el Plan Territorial Especial de Residuos de Fuerteventura (PTERFV), desarrolladas de conformidad con el 'Anteproyecto; 2ª Fase de desarrollo del Complejo Ambiental para el tratamiento de residuos de Zurita, en Fuerteventura', según informó el Gobierno canario en nota de prensa.
Así, el Gobierno de Canarias licitará y construirá una planta de compostaje de RSU, así como una planta de clasificación previa para la separación de los distintos tipos de residuos contenidos en la bolsa todo-uno (orgánicos, envases, papel-cartón, vidrio, etc) para poder obtener un flujo de residuo orgánico suficientemente depurado que pueda ser objeto de tratamiento en la planta de compostaje, que tiene una capacidad máxima de 7.500 ton/año.
En cuanto al importe económico asociado a este convenio se eleva a algo más de 9 millones de euros distribuidos según la tabla que se adjunta y está cofinanciado en un 85 por ciento a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Las instalaciones, una vez construidas y puestas en funcionamiento, serán entregadas al Cabildo de Fuerteventura como responsable de su gestión, debiendo entrar en servicio en 2016 para cumplir los plazos estipulados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
