El Gobierno de Canarias ve inviable construir la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos por coste y escasez de suelo

 

El Gobierno de Canarias ve inviable construir la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos por coste y escasez de suelo

Barragán
CEDIDA
Publicado 30/03/2017 17:44:19CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ratifica la "inviabilidad" de edificar una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en las cercanías de la actual sede de Tres de Mayo tras haberse reunido de nuevo con representantes de los operadores jurídicos y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, destaca la necesidad de "no seguir incrementando" la dispersión de los órganos judiciales en detrimento de una solución "integral, definitiva y que pueda ponerse en marcha lo antes posible".

Según el consejero, las parcelas ubicadas en la zona de Cabo-Llanos resultan "inadecuadas" para levantar una Ciudad de la Justicia debido, en esencia, a la existencia de derechos de terceros y la escasa superficie disponible, situaciones que resultarían complicadas de solucionar y que, en todo caso, no podrían resolverse a corto plazo.

Barragán recalca que la capital tinerfeña viene debatiendo desde 2009 si escoge aumentar la dispersión judicial con más edificios separados en la zona de Cabo-Llanos para incrementar el espacio de los órganos judiciales --lo que requerirá previsiblemente nuevas ampliaciones dada la menor superficie de las parcelas disponibles, incluso construyendo en más alturas-- o si se opta por una Ciudad de la Justicia que pueda albergar todas las instalaciones necesarias en un solo centro con capacidad de crecimiento y vocación de futuro.

Asimismo, expone que la zona de Tres de Mayo implicaría un "sobrecoste" que no existe en la opción de El Sobradillo, y que considera "innecesario trasladar a los bolsillos de la ciudadanía canaria".

Además, la actual dispersión de las sedes ya está costando más de 1,2 millones de euros en alquileres cada año, apunta en un comunicado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emitió un informe en el que se descarta la disponibilidad de suelo suficiente en las cercanías del edificio de la avenida de Tres de Mayo para construir la Ciudad de la Justicia, mientras que la opción de El Sobradillo supone una parcela de más de 20.000 metros cuadrados que es accesible por guagua y tranvía --al margen de la mejora del transporte público que pueda ejecutarse en los próximos años-- y que está muy cerca de la autopista.

De igual manera, el consejero apunta que esta parcela ofrece "disponibilidad inmediata" en una zona de expansión, por lo que alejaría del tráfico del centro a quienes deban acudir a los órganos judiciales y facilitaría el desplazamiento incluso de quienes vengan de otros puntos de la isla o de Canarias.

Asimismo, resalta que se evitarían así los atascos de la ciudad, ya que el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife alberga órganos de alcance provincial y no solo de la ciudad.

De hecho, destaca que la Ciudad de la Justicia integrará en una única sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal) y un aparcamiento público.

LO MEJOR PARA EL INTERÉS GENERAL

Barragán recuerda también que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en el pasado Debate sobre el Estado de la Nacionalidad una propuesta de resolución que insta al Gobierno autonómico a la construcción de una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en el marco de la Estrategia de Modernización de Justicia que agrupe todos los servicios y a los operadores dándole el carácter de obra
prioritaria en materia de infraestructuras judiciales en Canarias.

"Este debate dura demasiado y está claro que nunca habrá unanimidad", apunta en relación a las críticas sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo.

En esa línea, señala que "es comprensible que pueda haber oposición por parte de ciertos colectivos debido a la ubicación, pero el Gobierno está para tomar decisiones y debe hacerlo con arreglo al interés general".

Barragán recuerda también que a la justicia acude toda la ciudadanía y que la decisión que se tome ahora marcará el futuro del sector en Santa Cruz de Tenerife, por lo que "no puede adoptarse pensando solo en los que están ahora, sino también en quienes se beneficiarán en las próximas décadas".

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