El Gobierno canario asegura que no debe "absolutamente nada" por la moratoria turística

Rosa Dávila
CEDIDA
Publicado 30/06/2016 11:27:53CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha negado este jueves en sesión plenaria que el Ejecutivo regional tenga que adeudar 1.000 millones de euros por la moratoria turística. "El Gobierno no adeuda absolutamente nada", afirmó.

Así lo ha asegurado en comparecencia parlamentaria, a raíz de las demandas por la moratoria turística por las que diversos promotores turísticos reclaman indemnizaciones valoradas en 1.000 millones de euros tras varias sentencias del Tribunal Supremo (TS).

La consejera dijo que esas sentencias "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir compensaciones millonarias", pues lo que ordena el Tribunal Supremo es "la tramitación de los expedientes que fueron objeto de silencio administrativo".

En ejecución de esas sentencias, explicó la responsable de Hacienda, el Gobierno regional tendrá que iniciar de oficio la descalificación de los suelos y, sólo si procediera, compensar a los promotores de los proyectos. Una vez finalice dicho proceso, el Ejecutivo analizará "caso por caso" si correspondiera alguna indemnización, añadió.

Rosa Dávila aclaró que de los 54 expedientes administrativos incoados tras la entrada en vigor del artículo 7.1 de la Ley de medidas urgentes, se mantienen 37 expedientes sobre los que el Gobierno tiene que reiniciar el procedimiento.

La consejera adelantó que el Ejecutivo canario "va a discutir "hasta el último céntimo en defensa del interés público en todos y cada uno de los expedientes; y en el caso de que finalmente haya que indemnizar, aseguró que vigilará que las cuantías sean "las que correspondan por justicia".

UNA NORMA "CONFUSA Y COMPLEJA".

El diputado Román Rodríguez, de NC, admitió que la Ley de medidas urgentes fue una norma "confusa y compleja" que ha generado "muchos problemas"; sin embargo, no compartió que las expectativas de derechos que generaba su artículo 7.1 no se hayan atendido por el Gobierno de turno.

Criticó, además, que el Gobierno actual no haya gestionado este asunto "de forma debida" y que, desde noviembre hasta ahora, después de las sentencias del Supremo, "no se haya hecho la tarea de revisar los 45 casos, porque esos derechos hay que respetarlos", recalcó.

Jesús Ramos (ASG), por su parte, abogó por la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno de Canarias y los afectados para tratar de solventar esta situación, una propuesta que fue respaldada por José Miguel Ruano (CC) y que permitiría la Ley del Suelo, ahora en trámite.

Por el Grupo Parlamentario Podemos, Juan Márquez advirtió que si al final se materializan las indemnizaciones a los promotores turísticos afectados por la moratoria, sería un "gran palo" para el erario público por culpa de una ley que fue aprobada sin consenso, apostilló.

Miguel Jorge, del PP, afirmó que expropiar sin derecho a indemnizar es propio de otros regímenes. También opinó que tras escuchar a la consejera no ve "ningún atisbo de solución", pues los expedientes "habrán de iniciarse y terminarse, y será entonces cuando a lo mejor habrá que pagar y mucho", advirtió.

Por último, la diputada socialista Nayra Alemán dijo tener la garantía de que el Gobierno de Canarias "va a pelear por defender el interés público" y que, si finalmente hay que indemnizar a los promotores, que éstas sean "las que correspondan por justicia y no se sobrevaloren".

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