El Gobierno canario reforma la PCI incluyendo nuevos perfiles con posibilidades de beneficiarse

 

El Gobierno canario reforma la PCI incluyendo nuevos perfiles con posibilidades de beneficiarse

Cristina Valido junto a Rosa Dávila
ARTURO RODRIGUEZ
Publicado 08/05/2017 16:01:17CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha presentado este lunes el decreto por el que se modifica el reglamento que regula la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), aprobado en Consejo de Gobierno, y en la que se incluyen nuevos perfiles con posibilidades de beneficiarse.

En concreto, Valido destacó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se incorpora una nueva figura de personas en riesgo de exclusión social, de tal forma que amplía el perfil de personas que pueden solicitar estas ayudas, abarcando todas aquellas que se encuentren en situaciones de extrema necesidad como pueden ser personas sin hogar, víctimas de maltrato doméstico, personas en procesos de desahucio; personas que cuenten con medidas de protección de las administraciones públicas, así como personas que no puedan acceder con carácter temporal a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar.

Añadió que también se introduce la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia, de tal manera que se modifica el concepto de unidad familiar por concepto de unidad de convivencia en relación "no solo como la vivienda familiar sino como cualquier tipo de espacio habitacional y no el familiar". Así, explicó, se busca que la ayuda de "una mayor cobertura a los grupos de convivencias".

Otro de los apartados que contiene la reforma es que la nueva reglamentación pretende agilizar el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda porque establece la gestión coordinada de los expedientes al crear un aplicativo informático común administrativo, que "mejorará la operatividad del sistema".

En concreto, permitirá que las administraciones públicas recaben los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, de tal forma que "facilitará con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio". Valido aseguró que se "está mejorando" en este aspecto, si bien matizó que prevén realizar una comparativa para ver cómo ha sido la evolución.

La reforma también incorpora el renovado carácter de subsidiaridad de la prestación; la necesaria agilización y reducción de cargas del procedimiento, además de potenciar la figura de suspensión del plazo para dictar y notificar la resolución.

MÁS DE 13.500 FAMILIAS SE BENEFICIARON EN 2016

En cuanto a los beneficiarios de la PCI, la consejera prevé que con la reforma de la PCI puedan aumentar en 2017, cuya ficha financiera también se ha incrementado, si bien indicó que en 2016 fueron 13.560 familias las que recibieron ayuda, que ronda entre los 500, 570 euros al mes aunque matizó que las hay de cantidades menores y superiores, siempre dependiendo de las personas que conviven.

Valido agregó que el pasado año a la PCI se destinó una partida de 45 millones de euros, mientras que para 2017 está previsto 53,5 millones de euros, lo que dijo supone un incremento "importante y suficiente" para afrontar un aumento de solicitudes porque recalcó que estas ayudas están vinculadas a cumplir con unos condicionantes como son la formación e inserción.

En este sentido, la consejera quiso poner en valor que la PCI está condicionada a realizar las actividades de formación "necesarias y adecuadas" para posibilitar la inserción social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias.

En concreto, matizó que estas actividades estarán "orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales" de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.

Para ello, el nuevo Decreto establece un protocolo unificado de actuación de ámbito municipal en el desarrollo de los itinerarios de inserción laboral, así como el establecimiento del seguimiento continuado desde los servicios sociales municipales de los perceptores de la ayuda. Así contempla una nueva regulación de la Comisión técnica de coordinación y de la Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa, además de la fijación de los parámetros de la financiación para el ejercicio de las competencias municipales.

UNOS 18 MESES PARA INSERTARSE

Por otro lado, explicó que la ayuda se puede conceder desde un mínimo de seis meses a un máximo de 24 meses, todo dependerá de si la persona se inserta en menor o mayor tiempo o si finalmente no consigue acceder al mercado laboral, ya que puntualizó que se trabaja con personas que tienen muchas dificultades en diversas cuestiones de su vida.

Aún así, los datos de la Consejería recogen que el tiempo de inserción media de las personas que acceden a la PCI está entre "12 y 18 meses" aunque se puntualizó que en muchos casos también se agotan los 24 meses.

En colación con ello indicó que entre "un 50, 55 por ciento" de las personas que se suman a la PCI "finalizan sin posibilidad de insertarse" o si lo intentan "no se mantienen", cuestión que se relación por el hecho de que se trabaja con colectivos "muy complicados".

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