Acudió a la Fiscalía "inmediatamente"

Inés Rojas defiende la gestión del Gobierno regional ante los malos tratos de la residencia de ancianos 'Sol de Otoño'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha defendido este martes en el Parlamento la actuación del Ejecutivo en el cierre de la residencia de ancianos 'Sol de Otoño' de Tías (Lanzarote).

   "La primera medida fue trasladar inmediatamente el vídeo con las imágenes del reportaje emitido en un programa de televisión en que se denunciaban supuestos malos tratos a la Fiscalía, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, mientras que al mismo tiempo iniciamos el protocolo con la Fiscalía para trabajar de forma coordinada", informa en un comunicado.

   La consejera explica que su departamento puso en marcha una serie de medidas ante esta denuncia. "Hicimos comprobaciones sobre posibles denuncias y verificamos que en ningún momento se había producido denuncia alguna, ni ante la Fiscalía, ni ante la Consejería de Políticas Sociales, ni ante la policía, ni otra fuerza de seguridad del Estado", señala.

   Incluso, dice, tampoco había sido trasladado denuncia alguna al Ayuntamiento sobre posibles malos tratos o trato vejatorio o negligente, ni por parte de los familiares, ni de los trabajadores, ni de los responsables del reportaje.

   "Lo que sí había abierto era un expediente sancionador por parte de esta Consejería por el incumplimiento de la normativa autonómica en materia de centros, concretamente 63/2000 de 25 de abril por el que se regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas de régimen interno", subraya.

   Según Rojas, por incumplimiento de esa normativa se había instado al cierre de la residencia en 2007, pero los propietarios habían acudido al contencioso administrativo hasta que al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a finales del pasado año dio la razón al Ejecutivo. Por ello, la Consejería solicitó el cierre voluntario, por lo que si este no se hubiera producido, se habría acudido al auxilio judicial, "cuestión que no se produjo".

   "En la actualidad, la residencia está cerrada y todos los mayores ya se encuentran ubicados en diferentes recursos de la isla", afirma.

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