JpD exige el cese del juez Alba por sus grabaciones a otros magistrados

 
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JpD exige el cese del juez Alba por sus grabaciones a otros magistrados

Publicado 06/11/2016 15:43:28CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Territorial en Canarias de Jueces para la Democracia (JpD) ha anunciado la presentación de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Salvador Alba por grabar "subrepticiamente" a los compañeros con los que comparte Sección mientras deliberaban sobre asuntos judiciales, así como una conversación sostenida con un letrado cuyo contenido se refería a cuestiones que afectan a la vida privada de otros jueces.

En la denucia, JpD insta a la Sala de Gobierno a que proceda del mismo modo, solicitando del promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un nuevo expediente contra el juez donde de forma inmediata y con carácter cautelar, tal y como prevé la ley, se aparte al magistrado Salvador Alba del ejercicio de sus funciones.

A través de un communicado, Jueces para la Democracia recuerda que las grabaciones las habría hecho públicas el magistrado Alba al presentarlas en un Juzgado de Instrucción donde se sigue un proceso por una denuncia presentada por él que nada tendría que ver con el contenido de las conversaciones grabadas, incurriendo así en graves responsabilidades disciplinarias e incluso penales, según la Sección Territorial.

Para JpD, "se trata de un comportamiento del todo intolerable que se suma al cúmulo de despropósitos perpetrados por esta persona y que Jueces para la Democracia venimos denunciando desde que cometió hechos tan graves como reunirse privadamente con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado en una causa instruida por él, para orientar su declaración con el fin de perjudicar a la magistrada Victoria Rosell".

Todo esto, según la Sección Territorial de JpD, "ha sumido a la Justicia canaria a unas cotas de desprestigio nunca antes conocidas a lo que ha contribuido la sorprendente inacción de órganos institucionales en cuya responsabilidad está el tomar medidas para que esta situación cese y quien tanto daño está haciendo a la Justicia sea apartado de sus funciones".

"La Justicia ni admite ni se merece este descrédito que afecta y desprestigia el trabajo honrado de miles de jueces y juezas de este país, quebrando un pilar fundamental para la legitimidad del trabajo que hacemos y que es la confianza de la ciudadanía", concluyen en su comunicado.

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