MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha trasladado al Ministerio de Cultura "el expediente" para que no se derribe la Biblioteca Pública del Estado, que tiene una orden de derribo ratificado por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Así lo ha confirmado el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, en declaraciones a los medios, tras mantener un breve encuentro en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura de Madrid, con el responsable de la misma, José María Lasalle, así como con la delegada del Gobierno de Canarias, María del Carmen Hernández Bento.
"El Ayuntamiento ni quiere ni puede derribar esa biblioteca porque es patrimonio del Estado. Vamos a trasladarle el expediente al Gobierno central para que hagan ejercicio de defensa del interés general, se estudien las opciones posibles que vayan encaminadas, sin violentar una sentencia del Supremo, y se garantice que la biblioteca permanezca donde está y que siga siendo utilizada por los ciudadanos", ha remarcado.
EL OBJETIVO ES MANTENER LA BIBLIOTECA
Por su parte, Lasalle ha destacado que el objetivo es, por un lado, salvaguardar el cumplimiento de una resolución judicial, y por otro tratar de encontrar una fórmula que atienda la protección de un interés general asociado a la conservación y protección de una biblioteca pública. "Estamos en sintonía y colaboración para encontrar la mejor solución e integrar ambas cuestiones", ha señalado al término de la reunión.
Preguntado por si se trataría de encontrar una ubicación distinta a la biblioteca, Lasalle ha precisado que el objetivo es mantenerla donde se encuentra.
"La intención es que se conserve y mantenga el edificio pero, insisto, dentro de las opciones que la legalidad vigente exige y una de ellas es por el respeto de esta resolución judicial y al mismo tiempo está la propia legalidad que nos obliga salvaguardar un bien de interés cultural como es la Biblioteca Pública de Las Palmas", ha insistido el secretario de Estado de Cultura.
Por su parte, la delegada del Gobierno de Canarias ha resaltado el ánimo de colaboración entre el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de España. "Vamos a hacer todo lo posible para mantener ese difícil equilibrio, que es tener que cumplir una sentencia firme pero por otro lado intentar salvaguardar ese bien patrimonial que es la biblioteca pública", ha apostillado.
HISTORIA DE UNA PETICIÓN DE DEMOLICIÓN
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó en 2002 la demolición de la biblioteca por vulnerar el planteamiento urbanístico de la ciudad. El actual ministro de Industria, José Manuel Soria, era el alcalde de la ciudad en el momento de la construcción.
En julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó la solicitud para que se decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firme del caso de 2002, señalando que la biblioteca no podía demolerse porque tenía el régimen jurídico de un bien de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio.
Un año más tarde, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó los recursos presentados por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado contra dicho auto de 2013, de forma que instó a demoler el edificio público.
A mediados de este mes de julio, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso legal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que intentaba evitar el derribo del edificio alegando que la biblioteca es pública, por tanto ligada al derecho fundamental de la cultura y es un bien de interés cultural, que tiene amparo en la Ley de Patrimonio.
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