SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, ha rechazado las informaciones que aseguran que la proposición de ley para la protección de los barrancos de Güímar que propone la Corporación insular pretenda librar de la multa a los tres areneros condenados por la extracción ilegal de áridos.
En declaraciones a la 'Cadena Ser' recogidas por Europa Press, Fernando Sabaté ha querido recordar que esta iniciativa legislativa se viene promoviendo en el Cabildo desde 2014, dos años antes de que los empresarios areneros José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia fueran condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente.
El portavoz considera que las informaciones publicadas el pasado fin de semana son debidas a una "posible confusión" o a "un enfrentamiento vinculado a las tensiones en el pacto de Gobierno de Canarias o a determinadas pugnas entre las élites del archipiélago que le quieren dar una patada al Cabildo y a su presidente".
Sabaté ha querido dejar claro que su partido apoya esta iniciativa legislativa porque entiende que el es el resultado de un esfuerzo para buscar una solución definitiva y que Güímar deje de ser un "coto de mineros". "Si esta iniciativa sirve para ese propósito, [Carlos Alonso] nos tendrá trabajando y arrimando el hombro", apostilló.
El consejero de Podemos reconoce que con el presidente del Cabildo de Tenerife tienen "profundas" discrepancias en muchos temas, pero cree que Carlos Alonso "tiene razón" cuando dice que esta ley no ha sido concebida para favorecer a los areneros, pues, insistió, esta ley estaba "lista y terminada" en 2014.
Aclaró, además, que la propia iniciativa legislativa ya preveía en su disposición adicional un apartado que decía que "había que ejecutar los planes de restauración y rehabilitación sin perjuicio de que las autoridades competentes exijan las responsabilidades en que incurrieran por esos incumplimientos".
Según Sabaté, de lo que ha pasado en Güímar son responsables todas las administraciones, la que más la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y su sección de Minas, que es la que ha permitido que se hiciera lo que se hizo. A su vez, ve paradójico que sea la Consejería de Industria la que diga que esta ley es inconstitucional. "Inconstitucional es lo que hicieron", subrayó.
