El promotor de una edificación ilegal en Arona (Tenerife) procede de forma voluntaria a su demolición

 

El promotor de una edificación ilegal en Arona (Tenerife) procede de forma voluntaria a su demolición

Actualizado 16/07/2009 19:08:15 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El promotor de una edificación sin terminar y cuya construcción se inició de forma ilegal en el municipio de Arona, en Tenerife, ha procedido a su demolición de forma voluntaria, implicando esta decisión la reposición del terreno afectado a su estado natural, de forma que los trabajos de rehabilitación se han desarrollado durante esta semana bajo la supervisión de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).

El procedimiento sancionador por la realización irregular de las obras se inició al detectarse una infracción grave al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, ya que la construcción de la edificación se llevó a cabo en suelo rústico no urbanizable de interés agrícola, sin contar con licencia municipal ni calificación territorial. La sanción por la comisión de esta acción ascendió a 30.890 euros, exigiendo además la resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la demolición de la edificación.

Tras la presentación por parte del promotor del proyecto de restauración voluntaria de los terrenos dañados y de su aprobación por parte de la APMUN, esta semana se realizaron las labores de demolición de la vivienda localizada en el municipio tinerfeño. Esta acción permite al promotor acogerse a la reducción del 90 por ciento de la multa impuesta, tal y como establece la legislación canaria vigente.

El director de la APMUN, Pedro Pacheco, destacó hoy en una nota la importancia de este tipo de decisiones voluntarias, ya que "permiten la consecución de los objetivos del procedimiento sancionador en esta materia, que no son otros que dejar el territorio como mismo estaba y mantener la disuasión para el infractor por el doble coste de construir y demoler".

El máximo responsable del organismo de carácter consorcial indicó que con la ejecución voluntaria de las demoliciones "los particulares afrontan menores costes que en el caso de que los derribos los lleve a cabo la Administración, ya que, en este último supuesto, los afectados deben asumir los gastos de dichas demoliciones, que siempre son superiores a los generados por ejecución voluntaria".

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