Los trabajadores denuncian que Asuntos Sociales tiene un modelo penitenciario en los centros de menores

Actualizado 02/02/2006 20:13:10 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales en la provincia de Las Palmas denunció hoy jueves que la Dirección General de Protección del Menor y la Familia ha implantado un modelo penitenciario en los centros de menores con medidas judiciales, pese a que la Ley "es sancionadora, pero sobre todo educativa".

El portavoz del comité, Francisco Alemán, criticó también que no exista un programa "serio y riguroso" para la inserción laboral de los menores con medidas judiciales, así como un protocolo de programa educativo global individualizado.

Ante esta situación, el presidente del comité, Javier Gómez, afirmó que la atención en los centros de menores con medidas judiciales ha "empeorado". Según sus palabras, "si nos fiamos de lo que dicen los responsables políticos, va todo estupendamente, pero si nos fiamos de los técnicos que hacemos los seguimientos de esos centros, la cosa no va tan bien".

Gómez explicó que a los técnicos de la Dirección General se les ha quitado algunas funciones "y se ha fichado a los antiguos directores de las cárceles de Tenerife II y Salto del Negro" por un sueldo anual de 85.000 euros, una cantidad que supera los ingresos de una funcionario de la Consejería con categoría A.

"Si alguien entiende de educación, creo que son otras figuras, que tiene dentro la propia Dirección general, las que tendrían que trabajar con los menores, pero éstas no se aprovechan", agregó el presidente del comité.

A raíz de los cambios que se han producido en los centros de menores con medidas judiciales, comentó Javier Gómez, se ha implantado un modelo dirigido por personas que han trabajado en el ámbito penitenciario. En este sentido, reiteró que los trabajadores no creen que "éstas sean las figuras más idóneas para llevar los centros de menores con medidas judiciales".

Por este motivo, el comité de empresa pidió a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, "que tome cartas en el asunto y que no nos haga creer que ha traído a un gran fichaje que va a solucionar todos lo problemas, ya que en absoluto ha solucionado ni el más mínimo problema en esta Dirección General".

De ahí que el comité insistiera en que los trabajadores prefieren que la gestión de los centros sea pública, y no a través de la fundación Ideo, que, según señalan, "se está utilizando como agencia de contratación rápida de personal diverso para ejercer funciones técnicas de la Administración, en especial en el servicio de Ejecución de Medidas Judiciales".

Francisco Alemán rechazó la externalización de los servicios basada en un "abaratamiento de los costes", ya que, aseveró que, la mejora de la calidad está siendo "nula".

Tal como relató Francisco Alemán, desde la llegada del nuevo director general de Protección del Menor y la Familia, José Luis Arregui, "la no cobertura de plazas en distintas secciones del área sirve de argumentación para que personal externo al servicio tomen responsabilidades que no son de su competencia".

Por otra parte, el comité de empresa de la Consejería recalcó que los centros de menores de Canarias están "masificados", lo que conlleva un mayor volumen de trabajo para los psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. La situación en este aspecto continúa siendo precaria, ya que, según indicó el presidente del comité, la inspección de los, aproximadamente, 90 centros de menores de la provincia de Las Palmas, está a cargo de 3 personas.