Aprobado el proyecto de Ley de Hacienda Pública que regula el régimen presupuestario, económico y financiero de la CAR

Del Río y Arruga informan de la Ley de Hacienda en el Consejo de Gobierno
EUROPA PRESS
Actualizado 17/12/2013 20:58:59 CET

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Hacienda Pública que por primera vez regulará en un solo texto legal el régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, según ha señalado la consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga.

Acompañada del portavoz del Ejecutivo riojano, Emilio del Río, Arruga ha recordado que se basa en la "estabilidad presupuestaria y la estabilidad; en el compromiso por la transparencia; y en consolidar ese rigor en la gestión de fondos públicos".

Hasta ahora, el Gobierno de La Rioja ha administrado su Hacienda mediante la aprobación de las distintas normas de funcionamiento ordinarias a través de las leyes anuales de presupuestos y acogiéndose a la legislación estatal en todo lo no previsto en la normativa autonómica. Sin embargo, la proliferación de herramientas presupuestarias de distinto rango recomendaba disponer de un marco jurídico estable y único regulador de las competencias económico-financieras del sector público riojano.

Por este motivo, el proyecto de Ley aprobado hoy será el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público de La Rioja en un momento en el que se han alcanzado todas las transferencias previstas de funciones y servicios del Estado. Además, contribuirá a aumentar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

En este sentido, el texto tiene la suficiente flexibilidad como para permitir una mayor sujeción de gasto público, por lo que refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con la consolidación fiscal y su apuesta por la estabilidad presupuestaria y el control del déficit público como instrumentos indispensables para avanzar hacia la recuperación de la confianza y el crédito de las Administraciones Públicas.

El proyecto de Ley está estructurado en 197 artículos distribuidos en diez títulos y ha sido redactado por un equipo integrado por empleados públicos de las direcciones generales con competencia en diversas áreas de Hacienda y enriquecido con las aportaciones realizadas por el resto de consejerías, así como con sugerencias aportadas por el Colegio de Economistas de La Rioja y la Universidad de la Rioja, y ha recibido un informe del Consejo Consultivo.

NOVEDADES

Entre las novedades que presenta el proyecto de Ley figura la ampliación de los mecanismos de control sobre el gasto, lo que ayudará a cumplir los nuevos objetivos marcados desde la Unión Europea respecto a las obligaciones de la Administración hacia terceros.

Para ello, el texto asienta el papel de la Oficina de Control Presupuestario, dotándole de facultades no sólo para establecer las pautas a seguir para la elaboración de los presupuestos generales, sino también para responder con dinamismo a los diferentes escenarios económicos en función de la evolución que tengan los gastos e ingresos durante el correspondiente ejercicio presupuestario. Además, contempla el endeudamiento y los avales de la Comunidad Autónoma como manifestaciones de las operaciones realizadas para obtener financiación propia, aspecto de especial relevancia en la actualidad al haberse producido la primera emisión de Deuda Pública Autonómica.

Asimismo, y entre otras muchas cuestiones que responden a la gestión interna, se incrementa el control financiero de la Intervención General; se obliga a utilizar medios electrónicos en la tramitación interna de elaboración de los presupuestos; se prevé la colaboración tributaria con las entidades locales, y se asienta la constitución del Tribunal Económico-Administrativo de la Rioja dejando la regulación relativa a su organización y funcionamiento a un futuro desarrollo reglamentario.

El proyecto de Ley regula también cuestiones relativas a las subvenciones públicas, como las obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, efectos del silencio administrativo y el régimen sancionador por faltas cometidas por los beneficiarios de las mismas.