Los Defensores del Pueblo urgen a los poderes públicos a "supervisar" los mercados para garantizar derechos ciudadanos

Actualizado 29/09/2010 15:50:30 CET

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Defensores del Pueblo, reunidos en las XXV Jornadas de Coordinación de estos órganos, han urgido a los poderes públicos "una decidida razón reguladora del mercado", así como a "supervisar" los mercados "con el fin de garantizar los derechos de las personas y promover los principios del Estado Social".

En las conclusiones del encuentro, que han detallado la Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, y la Defensora del Pueblo Español en funciones, María Luisa Cava de Llano, se apunta que "la crisis económica no puede traducirse en una merma en los derechos del Estado Social".

Por ello, han instado a los poderes públicos a "garantizar el impulso de la sanidad, la educación, la protección al desempleo y los servicios sociales, especialmente en favor de las personas que padecen un mayor riesgo de olvido o exclusión social".

En este mismo sentido, los Defensores han abogado porque "las dotaciones presupuestarias deben ser suficientes para los distintos programas sociales vinculados con los derechos, es fundamental priorizar distinguiendo las prestaciones esenciales de las accesorias".

En las conclusiones del encuentro, que se ha desarrollado en Logroño desde este lunes, también se señala a la educación "como instrumento excepcional para la igualdad de oportunidades", por lo que, a su juicio, "requiere atención específica de nuestros gobernantes y una supervisión muy activa de las Defensorías para evitar la pérdida o devaluación de las prestaciones educativas".

A su juicio, las administraciones y sus órganos "deben actuar de manera coordinada y deben generar confianza", tendiendo hacia una administración "moderna, transparente, eficaz y que mejore los servicios que presta a las personas". Entre otras medidas, apuntan a un "mecanismo centralizado de información de todas las convocatorias de ayudas existentes".

También reseñan los Defensores la necesidad de "garantizar la protección de las necesidades mínimas de las personas desempleadas", estableciendo programas de formación para su reinserción laboral, "y sometiendo a controles rigurosos la aprobación de los ERE's para evitar que se conviertan en un instrumento de ejecución de despidos improcedentes".

Del mismo modo, han apostado por "los principios de justicia y progresividad del sistema tributario", que debe reforzar "la lucha contra el fraude fiscal"; la efectividad y extensión del derecho a la vivienda, con procesos de adjudicación de VPO "que garanticen la publicidad, concurrencia y transparencia".

Para los Defensores, "debe procurarse un crecimiento racional de los núcleos urbanos", priorizando la reutilización del parque de viviendas existentes; mantener el acceso de personas inmigrantes a los derechos sociales "evitando todo posible brote de xenofobia o racismo" y el apoyo a las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Por último, reseñan la necesidad de "adoptar un nuevo sistema de financiación municipal, que permita a las entidades locales garantizar su actividad con cargo a sus presupuestos, huyendo de la financiación finalista".

En esta última sesión de trabajo, que se ha celebrado en el Parlamento de La Rioja, han participado la Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón; la Defensora del Pueblo Español en funciones, María Luisa Cava de Llano; el Sindic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó i Massó; el Diputado del Común de Canarias, Manuel Alcalde Alonso; el Ararteko del País Vasco, Iñigo Lamarca Iturbe; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

También el Valedor do Pobo gallego, Benigno López González; el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi Diego; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo Conde; el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, Javier Enériz Olaechea; el Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano; la Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán.

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