LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha acordado, en la reunión está mañana del Consejo de Gobierno, interponer una querella criminal por "calumnias" e "injurias" contra el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, por sus manifestaciones sobre el Centro de Menores 'Virgen de Valvanera', en las que decía que en la institución se daban casos de "coacciones y maltratos" sobre los menores.
La decisión de la interposición de la querella la han dado a conocer esta mañana la consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, y el portavoz del Gobierno riojano, Emilio del Río. Han señalado que el Ejecutivo regional "es respetuoso siempre con la libertad de expresión, con las críticas, con la libertad de información, si bien la rueda de prensa de González de Legarra, del pasado 19 de febrero, constituyen manifestaciones que son formalmente injuriosas y no son veraces".
Para Arruga estas declaraciones producen "un resultado que es la lesión del derecho al honor, y de la propia imagen, no solo del Gobierno de La Rioja, sino también del consejero de Presidencia y Justicia", Emilio del Río.
La consejera ha señalado que las manifestaciones de Legarra son un "exceso" que "debe ser sancionado en vía penal". "Cuando se ejerce la libertad de expresión, lo primero que hay que hacer es comprobar la veracidad de los hechos", ya que, ha añadido, el diputado del PR+ "ha montado un Guantánamo particular, al hablar de esposas, grilletes, palizas, registros con desnudos integrales, vejaciones o la utilización de celdas de castigos" en el centro de menores.
Arruga ha apuntado que "cuando uno ejerce la libertad de información, tiene un deber de especial diligencia a la hora de contrastar esa información", y además "no es lícito utilizar insinuaciones insidiosas como ha sido en este caso las declaraciones del diputado", así como "realizar vejaciones innecesarias y malintencionadas que van más lejos del derecho a la información, y tienen un perverso objetivo, que es desprestigiar a un Gobierno y a un consejero".
La consejera ha recordado que "no solo se ha lesionado el derecho al honor de la empresa - que también ha presentado querella criminal- y los trabajadores que gestionan el centro, sino que se hace contra los jueces de menores, fiscales y abogados de los menores que están haciendo una gran labor de integración, así como contra los propios menores".
APOYO DE LA FISCALÍA
Por su parte, Del Río se ha referido a su intervención a la posición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En este caso, ha indicado que el documento de archivo de las actuaciones de investigaciones realizadas por la fiscalía, y dada a conocer ayer, señala que "parece claro que la imputación de delitos hecho a conciencia y con total conocimiento de su falsedad constituye un delito de calumnia hecho con publicidad."
Este documento de la fiscalía constata que Miguel González de Legarra "tergiversó" la información disponible a su propia conveniencia política cuando apunta que "pudiera pensarse que quien dio la rueda de prensa entresacó datos de las denuncias interpuestas. Sin embargo esto no es así, pues en ningún caso se ha hablado de las palizas como norma habitual de la casa, de los golpes y de las celdas de castigo, lo que significa simplemente que quien lo dijo sólo pretendió imputar delitos, haciéndolo con dolo y consciencia."
Lo cierto es que Miguel González de Legarra acusó al Gobierno de La Rioja, y a su consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, de ser "cómplices", y de conocer y consentir la situación inventada que estaba denunciando. En concreto, el presidente del Partido Riojano expresó "sin ningún pudor" que "o el consejero no se entera de lo que realmente está pasando, -algo que conociendo su capacidad de control informativo dudo mucho que esté sucediendo-, o es que sus vinculaciones personales y sus propios intereses le llevan a ser cómplice de una situación que, a nosotros al menos, nos parece absolutamente intolerable".
Del Río ha apuntado que el presidente del PR+ "ha intentado, en su habitual práctica política, manchar la imagen de un centro, que como se reconoce en el informe del fiscal funciona perfectamente". "Ha creado una alarma social, sin respetar nada, ni el trabajo de los 37 profesionales, de los jueces, de los fiscales, y de los propios menores, así como ha calumniado al Gobierno", ha añadido.
Para finalizar, el portavoz del Gobierno riojano ha confirmado que de las cinco diligencias sobre el centro, la mayoría archivadas, se refieren a un mismo menor, estando abierta una de ellas, y que sería en la que estarían imputados la directora y el subdirector del centro.
