Los medicamentos facturados por la red de distribución ilegal desmantelada superan el millón de euros

De izquierda a derecha, Mélida, Bretón, Sáenz y Ascaso, en la rueda de prensa
EUROPA PRESS
Publicado 07/07/2014 13:03:29CET

Han sido detenidas siete personas, 4 en Logroño, y se han realizado nueve registros en farmacias y almacenes de distintas provincias españolas

LOGROÑO/MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos facturados por la red de distribución ilegal desmantelada por la Policía Nacional superan el millón de euros, y habrían conseguido un beneficio en el mercado aún por determinar, tanto en su venta en diversos países extranjeros -Reino Unido, Bélgica o Dinamarca, entre otros-, como en su reintroducción en el mercado nacional.

Así lo ha explicado este lunes el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, quien ha dado detalles de esta operación, iniciada en Logroño, junto con el jefe superior de la Policía Nacional en La Rioja, Pedro Mélida; el responsable en la comunidad de la UDYCO, Fernando Ascaso; y la directora general de Farmacia del Gobierno riojano, Carmen Sáenz.

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una red que se dedicaba a distribuir ilegalmente miles de medicamentos que eran retirados del cauce establecido mediante el conocido como procedimiento de 'distribución inversa', que consiste en sacar gran cantidad productos del canal legal de distribución para, posteriormente, reintroducir de nuevo medicamentos en el circuito farmacéutico.

En la operación, que se ha realizado en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se han detenido en total siete personas, -cinco en Logroño y dos en Málaga-, y se han realizado nueve registros en farmacias y almacenes, interviniéndose miles de productos en un precario estado de conservación.

Bretón ha detallado que la investigación se inició el pasado mes de enero, "cuando por parte del Servicio de Inspección de Farmacia de La Rioja se detectó cómo desde una farmacia en la localidad de Logroño se estaban realizando compras superiores a lo habitual en este tipo de establecimientos".

El objetivo de esta práctica era derivarlos hacia determinados mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos en, al menos, tres comunidades autónomas diferentes, en concreto, hacia Navarra y Andalucía -Granada y Málaga- "lo que constituye una actuación irregular".

La intención posterior era "una vez comprados los medicamentos, distribuirlos en países de la UE, por un precio 3 ó 4 veces superior", además de que, los que no se lograban vender fuera, "reintroducirlos en el mercado interno, beneficiándose de la diferencia de precios".

En la primera parte de la investigación, pudo determinarse cómo desde la farmacia de Logroño -de la que no se han facilitado de momentos más datos, pendiente del procedimiento que ahora mismo lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño- se realizaban envíos a mayoristas de distribución de productos farmacéuticos por valor de más de 335.000 euros.

Las medicinas eran prescritas específicamente contra determinadas enfermedades, "sobre todo oncológicas, alzheimer y, en general, patologías graves", ha dicho Carmen Sáenz, quien ha incidido en que, en La Rioja al menos, "no se ha dado en ningún momento situación de desabastecimiento, hay en la región otras 155 oficinas de farmacia con estos medicamentos".

Posteriormente, los investigadores lograron destapar la trama de distribución ilegal de grandes cantidades de medicamentos a nivel nacional, de la que formaba parte principalmente la farmacia de Logroño, pero también otras boticas localizadas en Pamplona y Málaga, y almacenes distribuidores de medicamentos ubicados en Granada, Málaga y Navarra.

Esta red utilizaba el sistema denominado "distribución inversa", cuyo objeto era reintroducir de nuevo medicamentos en el circuito farmacéutico, utilizando para ello una "triangulación de facturas", con la finalidad de ocultar el verdadero destinatario final de los mismos.

Para ello utilizaban empresas o almacenes superpuestos que realmente no iban a recibir estos medicamentos, sino que eran recepcionados por almacenes farmacéuticos que, posteriormente y gracias a la utilización de estas facturas falsas, los reintroducían de nuevo en el circuito farmacéutico. De esta manera, evitaban o hacían extraordinariamente difícil el control de las autoridades de control farmacológico.

PÉRDIDA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO

Este tipo de venta y distribución al por mayor de medicamentos, que son suministrados desde una farmacia a una red de almacenes, es lo que se denomina "distribución inversa" por tratarse del proceso contrario al normal: desde los laboratorios y almacenes a las farmacias.

Como ha subrayado Fernando Ascaso, "esta es una práctica ilegal que la legislación sanitaria española prohíbe porque no permite garantizar la calidad y estabilidad del producto, que sufre un procedimiento de transporte diferente al reglamentariamente establecido".

El valor real de los 1.300 medicamentos distribuidos irregularmente detectados durante esta investigación por la farmacia de Logroño asciende a 61.000 euros. Sin embargo, "de acuerdo con las facturas que se han ido investigando, el valor alcanzaría más de un millón de euros", aunque aún no se ha determinado el posible beneficio que se podría haber obtenido con las ventas.

Los 1.300 medicamentos intervenidos han sido destruidos. En el proceso, se han detenido en Logroño a 4 personas entre los meses de abril y mayo, en concreto, los dos cotitulares de la oficina de farmacia implicada, su contable y su responsable de compras y ventas, a los que se suma el gerente de la empresa de distribución, en este caso, detenido en Navarra.

Están en libertad con cargos, y se les puede imputar delitos contra la salud pública y falsedad de documento mercantil, a lo que se suma la inhabilitación profesional y, una vez que la sentencia judicial sea firme, se podría dar hasta el cierre de la oficina de farmacia, que ahora mismo sigue con su actividad.

A ello se une, además, la vía administrativa que se sigue por parte del Gobierno riojano, que ha abierto su propia línea de investigación, y que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Medicamentos, implicaría que se ha cometido una falta muy grave por 'distribución inversa', que podría conllevar una multa entre 90.000 y un millón de euros.

La investigación, que se ha prolongado durante medio año, ha sido realizada por la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial, junto a la UDYCO de la Jefatura Superior de La Rioja y en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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