Los menores con medidas judiciales podrán cumplir la prestación en beneficio de la comunidad en Arsido

Convenio Pioneros Arsido
GOBIERNO DE LA RIOJA
Publicado 21/06/2017 14:12:50CET

   LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha participado hoy en la firma del acuerdo de colaboración entre Arsido y la Fundación Pioneros para que los menores con medidas judiciales desarrollen la prestación en beneficio de la comunidad trabajando con personas con síndrome de Down.

   Durante la firma, que se ha celebrado en la sede de Arsido en Logroño, el consejero de Políticas Sociales ha señalado que la prestación en beneficio de la comunidad es una de las medidas que mejor cumple el objetivo de reducar y reinsertar socialmente a los menores porque les ayuda a responsabilizarse de su conducta, a madurar y comprender las consecuencias de sus actos. En ese sentido, ha agradecido a esta entidad social su colaboración con el programa.

   La Prestación en Beneficio de la Comunidad es una medida judicial que se desarrolla en medio abierto, impuesta a instancia del Juzgado de Menores y se engloba en el Programa de Medidas Judiciales que en la comunidad gestiona el Gobierno de la Rioja a través de Pioneros.

   Pioneros se encarga de localizar entidades y colectivos en los que los menores infractores puedan cumplir las medidas judiciales impuestas. Para ello, elabora un proyecto educativo individualizado en el que se conjuga la vertiente educativa y el control social, dado que se trata de una medida impuesta por el juez. Se parte de la problemática del menor para evitar la reincidencia y dotarle de las herramientas necesarias para que pueda enfrentarse a la realidad que le rodea con éxito. El trabajo con el menor se centra en todas las áreas de su entorno, afectiva, social y familiar, formativa-laboral, así como en el ámbito judicial.

PERFIL DE LOS MENORES

   El año pasado, 178 jóvenes participaron en el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto, que comprenden libertades vigiladas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socio-educativas, y reparaciones. De ellos, 55 tuvieron que cumplir prestaciones en beneficio de la comunidad.

   Del total, el 72 por ciento son hombres, frente al 28 por ciento de mujeres. Los usuarios del Programa son menores de edades comprendidas entre los 14 y 18 años, aunque un pequeño porcentaje, el 2 por ciento tiene más de 18 años aunque cometieron el delito siendo menores.

   En 2016, aumentó significativamente el número de expedientes en las franjas de edad de entre 14-15 años, al tiempo que disminuyó el número de expedientes de mayores de 17 años, al igual que el ejercicio anterior.

   La mayoría de usuarios del programa son de origen y nacionalidad española, aunque también se han atendido menores de otras nacionalidades de origen, manteniéndose la diversidad de procedencias.

METODOLOGÍA

   Después de entrevistar al menor sobre la naturaleza de los hechos y su perfil, se inicia una búsqueda de actividades que encajen con los datos obtenidos de las entrevistas. Un condicionante importante para conseguir una entidad en la que realizar las actividades es el horario del menor, especialmente si trabaja y sólo dispone de los fines de semana.

   Una vez localizada la entidad en la que se pueden realizar las actividades previstas en el horario acordado, se inician los trámites de coordinación con el representante de la entidad para firmar el documento de compromiso, Proyecto Individualizado de Ejecución, junto con el menor y los trámites de coordinación con la persona responsable de las actividades a realizar y que más próximo estará del menor.

   Antes de iniciar la medida la entidad facilitará la información de los riesgos laborales inherentes a la actividad que realizará el menor según su Plan de Riesgos Laborales y sus medidas de prevención. Se elaborará un acta informativa que dejará constancia de los actos en los que, tanto al menor como a su familia, se les da a conocer los riesgos y las medidas preventivas que el menor debe adoptar durante el desarrollo de la prestación.

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