La oposición en el Parlamento riojano pide "limitar" la capacidad de contratación de entidades en paraísos fiscales

 

La oposición en el Parlamento riojano pide "limitar" la capacidad de contratación de entidades en paraísos fiscales

Publicado 11/04/2017 12:28:03CET

   LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Parlamento de La Rioja, ha aprobado, a iniciativa de Podemos y con el apoyo del Grupo Socialista y Ciudadanos, que el Gobierno riojano inste al central a que modifique la ley de contratos públicos para "limitar" la contratación de entidades con sede en paraísos fiscales.

   La diputa de Podemos Ana Carmen Sáinz ha defendido la proposición asegurando que "donde más corrupción y fraude fiscal se registra es en los Gobiernos locales y en las Comunidades Autónomas".

   Ha añadido que casi el 95 por ciento de las empresas del IBEX 35 tienen negocios en paraísos fiscales y ha aludido a una "permisividad" que ha permitido "libertad de movimiento de capitales".

   De este modo, la proposición pide "modificar la Ley de Contratos del Sector Público incorporando un nuevo apartado que introduzca la limitación a la capacidad de contratar de determinadas entidades con sede en paraísos fiscales".

   Esta limitación se aplicará a las personas físicas y jurídicas que por sí, o a través de filiales y sociedades participadas directa o indirectamente en más del treinta por ciento estén domiciliadas o tributen en territorios fiscales.

   La diputada de Podemos, en su exposición, ha sido llamada al orden por la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, después de levantar la desaprobación de algunos diputados al referirse al empresario español Amancio Ortega, al que ha reclamado que, en vez de dar donaciones para inversión sanitaria, tribute en España lo que le corresponde y se ha referido a él como "sinvergüenza".

   Por otro lado, el Parlamento ha aprobado, a iniciativa del PSOE, instar al Gobierno de La Rioja a que redacte un decreto para dar el "impulso necesario" a las consultas populares. Ha sido aprobada por unanimidad tras eliminar el punto en el que el PSOE quería que las consultas redujeran el voto a los dieciséis años.

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