La Rioja aprueba en la aplicación de la Ley de Dependencia

Anciano.
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 21/03/2018 19:20:05CET

   LOGROÑO/ MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja aprobó, al igual que Galicia, con una puntuación de 6,07 puntos, en la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2017, por encima de la media estatal (4,62) y de otras tres comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.

   Según este informe, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, llama la atención que La Rioja es la única Comunidad que en 2017 ha reducido el número de beneficiarios (-196 personas menos que en 2016, -2,58 por ciento). Eso hace que sea una de las pocas Comunidades que no ha recuperado aún el nivel de cobertura registrado en 2011, antes de los recortes del Sistema.

   2017 también ha sido un año negativo en la tasa de desatención -Limbo de la Dependencia- en La Rioja, que ha aumentado en 676 personas, situando en el 32,2 por ciento, el tercero más alto de toda España.

   En el informe, se destaca que hay un escaso incremento de servicios en 2017, con solo 105 más en ayuda a domicilio, 58 en centros de día y 113 prestaciones vinculadas. Por el contrario, se registran 59 servicios residenciales menos, 254 teleasistencias menos, y se han reducido en 216 las prestaciones económicas de cuidados familiares.

   También pone el acento en que "el escaso desarrollo" del Sistema en La Rioja durante 2017 hace que solo se hayan generado 63 nuevos empleos directos, con lo que aún no se ha conseguido superar la cifra de 2.000 empleos en el Sistema.

   En 2017 el recorte del gobierno de España supuso a La Rioja recibir 5,4 millones de euro menos con los que podía haber atendido a más casi 900 personas más y haber creado más de 200 empleos directo. El Ministerio aporta el 18 por ciento de la financiación pública, y el Gobierno de La Rioja el 82 por ciento.

SUSPENDEN DIEZ COMUNIDADES AUTÓNOMAS

   En esta edición del dictamen hay nueve comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla con suspenso en el ranking: Canarias (1,79), Islas Baleares (2,14), Cataluña y Extremadura (2,5), Aragón y Asturias (3,21), Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla (3,57), y Madrid y Navarra (3,93)-

   Las que aprueban han sido Castilla y León (9,29), Castilla-La Mancha (8,21) y Andalucía (6,43), Galicia y La Rioja (6,07), País Vasco y Murcia (5,71) y Cantabria, con un (5,36).

   "La mejora en las comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", sostienen los autores del informe, que alertan, además de que algunas autonomías "van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".

   A nivel nacional, el Observatorio señala que la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD --personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados-- "han mejorado", pero "en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes 'moderados' con Grado I".

   Así, indica que 1.264.951 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que el año anterior, de las que 954.831 personas estaban siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que un año antes; un tercio de estas personas son mujeres (65 por ciento); el 72,2 por ciento son pensionistas, y más de la mitad (54,6 por ciento) tienen más de 80 años.

   El dictamen pone de manifiesto que la lista de espera de las personas que estaban pendientes de recibir una prestación ascendía a 310.120 (24,5 por ciento) al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un año

   antes.

   No obstante, esta organización reitera que, a este ritmo, se tardaría "más de cuatro años en atender la actual lista de espera" y advierte de que es "especialmente preocupante" que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (120.000 personas), son dependientes 'severos' y 'grandes dependientes'.

   "Resulta que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (moderados) y con servicios de bajo coste", advierten los autores del informe.

   Advierte de que en España, un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el dictamen, que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.

   Por otra parte, el documento pone de relieve que, "un año más", el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50 por ciento) "debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo". Así, asegura que el Estado aporta el 20 por ciento del gasto público y las comunidades autónomas el 80 por ciento restante.

   También señala que la "disminución" de la financiación a las Administraciones autonómicas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 --reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado--, "supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros".