VALLADOLID/ LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Rioja ocupa la posición número 4 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una calificación de 'Medio Bajo' y una puntuación de 6,2 puntos sobre 10 (0,65 menos que en la anterior aplicación).
Alcanza la Excelencia en Relevancia económica, según el 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura (DEC).
Este nivel no sólo analiza la nota media de desarrollo sino las perspectivas de futuro del mantenimiento de los servicios sociales. En cuanto a la nota media la Comunidad alcanza 6,2 puntos, por encima de la media nacional, 4,71.
DERECHOS Y DECISIÓN POLÍTICA
La Rioja tiene una Ley que garantiza derechos ciudadanos (0,5 puntos) y un Catálogo que los desarrolla y concreta (0,5). Así mismo, tiene integrada a Atención a la dependencia en su Sistema de servicios sociales, con la implicación de las entidades locales (0,5).
Su déficit más destacable sigue siendo la carencia de planificación estratégica. Esta circunstancia penaliza con -0,25 puntos la puntuación que se otorga a La Rioja por tener una Ley de nueva generación, pero sin desarrollar en un aspecto esencial como es la planificación. Esta penalización hace que La Rioja pierda la Excelencia en este apartado, y obtiene en el mismo 1,25 puntos sobre los 2 posibles.
RELEVANCIA ECONÓMICA
En Relevancia Económica alcanza 2,6 puntos sobre los 3 posibles en ese aspecto. Las Administraciones Públicas de La Rioja (Gobierno regional y entidades locales) son las únicas que han incrementado su gasto total en servicios sociales en los dos últimos años (+2,99%), pasando de 377,2 € por habitante y año en 2011 a 389,13 € en 2013, (11,29 € más por habitante y año).
En 2013 el gasto en servicios sociales de las Administraciones públicas de La Rioja era un 26,79% superior a la media estatal (82,2 € más por habitante y año).
De la misma manera, en 2013 las Administraciones Públicas de La Rioja dedican a servicios sociales un porcentaje mayor del PIB regional que la media estatal: el 1,61% frente al 1,41% (0,2 puntos más). Un porcentaje que también se ha incrementado en los dos últimos años, pasando del 1,53% en 2011 al mencionado 1,61% en 2013.
Por último, el porcentaje que supone el gasto de las Administraciones Públicas de La Rioja en materia de servicios sociales sobre el total de su gasto, es muy superior a la media estatal en 2013, con un 8,88% frente al 7,74% (+0,42%). Y también en este sentido La Rioja ha mejorado en los últimos años, de manera que el gasto en servicios sociales ha pasado de representar el 8,45% del total de sus gastos en 2011, al mencionado 8,88% en 2013.
En resumen, las Administraciones Públicas de La Rioja son las únicas que han incrementado su gasto en servicios sociales en los dos últimos años; superan sensiblemente en los tres indicadores de gasto en servicios sociales la media estatal y los tres han mejorado en los dos últimos años.
El informe reconoce el esfuerzo de las Administraciones Públicas de La Rioja al ser las únicas que han incrementado su gasto en servicios sociales en los dos últimos años.
No obstante persisten algunos de los déficits en materia de cobertura ya constatados en las anteriores aplicaciones del Índice, en concreto la dotación de sus estructuras básicas y las Rentas Mínimas de Inserción. Por ello se realizan las siguientes recomendaciones como incrementar la dotación de sus estructuras básicas de servicios sociales, incrementar la cobertura y la cuantía de sus Rentas Mínimas de Inserción, ya que en ambos aspectos La Rioja se encuentra por debajo de la media estatal y la elaboración de un Plan estratégico de servicios sociales.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por su parte, la Comunidad de Valencia continúa a la cola, con una puntuación de 0,6 puntos sobre 10 y una calificación de "irrelevante" para sus servicios sociales, al igual que Andalucía con cuatro puntos sobre diez, Madrid con 3,7 puntos; Galicia 2,85 puntos; Canarias 2,6 puntos y Murcia 2,1 puntos.
Castilla y León logra la nota final de 6,65 puntos tras sumar los 0,85 puntos del reconocimiento de derechos, los 2,9 puntos de dotaciones económicas y los 3,6 puntos de la cobertura de los servicios sociales.
Este informe desvela que las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011 y 2013, según el 'Índice DEC 2014', de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura (DEC).
Desde 2011, el documento advierte de que el gasto anual por habitante en el conjunto del Estado ha pasado de los 354 euros a los 306,9 euros, es decir, 47,11 menos por habitante y año, lo que representa una reducción del 13,3 por ciento.
Por encima de la media estatal, las comunidades que más han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, es decir, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124 euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos y Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos).
Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en 2013 al 1,4% es decir, 0,2% menos. Además, advierte de que el porcentaje de gasto que las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto público también se ha reducido en 0,4 puntos, pasando del 8,1% en 2011 al 7,7% en 2013).
LOS AYUNTAMIENTOS RECORTAN EL DOBLE QUE LAS CC.AA
Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, "pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad", cuyo futuro está "amenazado" por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la "reducción del gasto es más importante aún".
DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
El informe señala que, tras aplicar el 'índice DEC', sólo País Vasco presenta un nivel de desarrollo 'medio-alto' de sus servicios sociales, mientras que siete alcanzan un nivel 'medio-bajo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades tienen una calificación de 'débil', como Aragón Extremadura y Baleares.
En las seis autonomías restantes --Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias y Valencia-- el desarrollo de los servicios sociales se califica de 'irrelevante'.
En el otro extremo se sitúa País Vasco, Cantabria, La Rioja y Castilla y León que con buenos resultados en el 'índice DEC' han rebajado sus índices de pobreza durante la crisis económica.
UN TRABAJADOR SOCIAL POR CADA 7.916 HABITANTES
El 'índice DEC' pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales.
Una de esas diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias.
