Sancionado con 20.000€ por simular relación laboral para lograr residencia

Actualizado 03/06/2015 9:55:40 CET

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Delegación del Gobierno en La Rioja ha sancionado a un empresario del sector servicios agrícolas en madera, negocio ubicado en la localidad de Santo Domingo de la Calzada, con la cuantía de 20.002 euros por la infracción muy grave del artículo 54.1F) de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que sanciona la simulación en la relación laboral con un extranjero cuando se realiza con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en la Ley.

   En este caso, y a diferencia de otras sanciones impuestas con anterioridad, sí bien es cierto que "hubo una prestación de servicios real", tras las investigaciones realizadas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social determinó que las percepciones salariales que constaban en las nóminas firmadas por ambas partes presentadas en la Oficina de Extranjería, "no eran las realmente percibidas sino las necesarias para obtener determinados beneficios".

   Esta simulación relativa de relación laboral tenía por tanto el objetivo de que los empleados "obtuviesen la documentación necesaria para solicitar, y posteriormente obtener, la autorización administrativa de residencia en España por reagrupación familiar de su cónyuge, con unos ingresos que no eran los reales".

   Por lo tanto, la empresa, perteneciente al sector de servicios agrícolas en madera y ubicada en Santo Domingo de la Calzada, había creado la apariencia de unas retribuciones inexistentes, no justificadas por las partes, distorsionando la realidad.

MUY GRAVE

   Los hechos constatados constituyen una infracción muy grave en materia de extranjería consistente en la simulación de la relación laboral con un extranjero, con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, concretamente del artículo 54.1.F sobre los derechos y libertades, y sancionada por tanto con la cantidad de 20.002 euros.

   Ambas investigaciones se han llevado a cabo gracias a la colaboración y coordinación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, la Tesorería General de la Seguridad Social, y la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

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