LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), sindicato mayoritario en la ONCE, han exigido este mediodía, ante la Delegación del Gobierno en La Rioja, donde han entregado un manifiesto, que las administraciones "cumplan la ley" contra el juego ilegal, que practican unas 22 asociaciones en todo el territorio nacional.
Como ha explicado el portavoz de los concentrados, Juan Manuel Sanz, "se trata de erradicar este tipo de abusos", que, en todo caso, ha reconocido que "no se dan demasiado en La Rioja, aquí estamos de las comunidades donde mejor, pero somos solidarios con el resto de los compañeros del Estado", donde, en sus palabras, incluso se están dando "amenazas verbales y físicas" a sus compañeros.
Desde UGT se lamenta "la absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización, todos ellos personas con discapacidad".
Ha recordado que "el Comité Estatal de UTO-UGT, como continuación de la campaña emprendida desde hace más de un año, 'El Juego Ilegal NO es un Juego', ha decidido movilizarse y salir a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen contra entidades manifiestamente ilegales".
Entre ellas, citan expresamente a la OID, "que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE".
Con la campaña 'El Juego Ilegal NO es un Juego', se trata "de sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía".
UTO-UGT considera "muy escasas" y "poco rotundas" las actuaciones contra esta actividad ilegal, "como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo".
En este sentido, Sanz ha apuntado que la OID es una organización "que puede ser legal en sí, pero que tiene plena consciencia del carácter ilegal de su actividad", ya que solamente la ONCE y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas tiene concesión para este tipo de juegos, "y ello, con una actitud perseverante en la ilegalidad, con ausencia de aprecio por la legalidad vigente y sin consecuencias para el infractor".
Por ello, desde UTO-UGT, inciden en su postura "radical y rotunda contra el juego ilegal en todas sus expresiones, no podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID".
Esta es una organización, denuncian, "que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución".
Reclaman "con carácter de urgencia", la intervención de la Administración del Estado "para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID".
En el conjunto del estado español, el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros. En La Rioja, a finales de 2014 había una asociación vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaban para ello cinco colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 54.600 euros.
