Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 04/02/2010 18:31
Un representante del Estado argentino ha pedido este jueves 25 años de prisión para Reynaldo Bignone (1982-1983), el último dictador que tuvo ese país, y otros cinco generales acusados de 25 desapariciones forzosas y decenas de torturas, registros ilegales y robos cometidos durante el régimen 'de facto'.
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annichiarico, presentó ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín 1 sus alegatos en el marco del juicio oral y público que comenzó en noviembre para juzgar a los responsables de los hechos ocurridos en la unidad militar de Campo de Mayo.
Bignone, de 81 años, se sentó este jueves por segunda ocasión en el banquillo de los acusados para escuchar los alegatos de la parte acusadora. Se espera que los abogados de algunas de las víctimas también expongan sus argumentos en los próximos días.
En este proceso judicial sólo están siendo juzgados los delitos contra 58 víctimas de las más de 5.000 que pudieron haber sido torturadas, secuestradas y asesinadas en Campo de Mayo, donde funcionó un centro de prisiones clandestino.
No obstante, a los implicados no se les puede acusar de homicidio porque hasta la fecha no se han encontrado los cadáveres de las supuestas víctimas, pese a las denuncias de los familiares que aseguran que nunca más vieron a las personas que fueron secuestradas por los militares.
El representante del Estado argentino ha pedido 25 años también para el entonces comandante de Instituto Militares, Santiago Omar Riveros; para el jefe de la escuela de infantería, Jorge García y para el jefe de inteligencia de la guarnición, Fernando Verplaetsen.
También reclamó la misma condena para el jefe del batallón 601 de inteligencia del Ejército, Alberto Roque Tepedino. Pero pidió 20 años para Eugenio Guañabens Perelló, quien era encargado de comandar la escuela de logística.