MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha solicitado al Gobierno boliviano que abra "rápidamente" una investigación "completa e independiente" sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía contra una marcha en la que participaron un centenar de discapacitados para exigir al Gobierno una pensión mínima de 3.000 bolivianos (unos 327 euros).
Los discapacitados han llegado a la capital este jueves, después de recorrer en dos meses unos 1.600 kilómetros desde el centro del país. El grupo ha querido culminar su recorrido en la plaza Murillo, donde están los edificios del Gobierno, algo que la Policía ha impedido.
Los agentes, equipados con escudos, gas pimienta y porras eléctricas, han formado un cordón de seguridad para bloquear las entradas a la plaza por las calles Yanacocha e Ingavi. Unos metros más atrás han formado otro cordón, apoyado por dos autobuses policiales, según Red Erbol.
Los discapacitados han intentado rebasarlo, por lo que los policías han hecho uso del gas pimienta. En este punto, los manifestantes han decidido desnudarse y arrastrarse por el suelo para evitar una agresión de los agentes, de acuerdo al relato del diario boliviano 'La Razón'.
Por contra, el Gobierno de Evo Morales ha identificado a supuestos infiltrados en la marcha. Los infiltrados han sido identificados mediante fotografías en las que se puede ver a esos supuestos discapacitados andando por las calles sin ninguna dificultad. "Ha sido producto de milagros sin la intermediación de Dios", ha ironizado la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, en rueda de prensa.
"Los informes e imágenes tomadas cerca de la plaza Murillo muestran a la Policía atacando indiscriminadamente a los manifestantes, muchos de los cuales iban en sillas de ruedas", ha dicho la subdirectora de AI para América, Guadalupe Marengo.
"Las fuerzas de seguridad bolivianas tienen la tarea de mantener el orden público, pero deben hacerlo en línea con los estándares internacionales de Derechos Humanos en cuanto al uso de la fuerza. Cualquier acusación de abuso debe ser investigada rápida e imparcialmente", ha agregado.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves la Ley general y Trato Preferente para Personas con Discapacidad, pero los manifestantes han afirmado que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus peticiones a la hora de presentar el borrador.
"Las autoridades deben asegurar que las personas con discapacidad son consultadas sobre cualquier propuesta de ley que les afecte. Toda medida ha de satisfacer sus necesidades, tal y como está establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", ha apostillado Marengo.