Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/02/2010 22:45
El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enviará este lunes al Congreso un proyecto de ley que apunta a castigar a las empresas que sobornen a funcionarios públicos, anunció la oficina de prensa de la Presidencia brasileña.
El proyecto de ley responde a años de presión internacional para que Brasil cumpla con los compromisos que hizo cuando firmó convenciones de la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo con la propuesta, una empresa que sea descubierta sobornando a funcionarios públicos locales o extranjeros pagará una multa de un 1 por ciento a un 30 por ciento de sus ingresos brutos e incluso podría ser clausurada, afirmó la oficina del presidente.
Actualmente, las empresas que son descubiertas sobornando a funcionarios locales o extranjeros simplemente son vetadas de postular a futuros contratos gubernamentales.
El proyecto de ley también impediría que individuos procesados por fraude constituyan una nueva empresa y sean capaces de participar en licitaciones del Gobierno.
Funcionarios de algunas empresas multinacionales que operan en Brasil se quejan de que se encuentran en desventaja debido a que las compañías locales no están obligadas a cumplir las duras leyes anticorrupción.
"Ha sido una espina en las relaciones con otros países", dijo Claudio Abramo, director ejecutivo de Transparencia Brasil, un grupo local anticorrupción con sede en Sao Paulo. "El proyecto de ley no acabará con la corrupción, pero hará más oneroso para las empresas practicarla o tolerarla", agregó.
ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN
El Gobierno de Lula se ha visto afectado por una serie de escándalos de corrupción. Varios de los más cercanos colaboradores del primer mandatario se han visto obligados a dejar sus cargos debido a acusaciones de fraude y chantaje.
Lula, un ex líder sindical, estuvo cerca de enfrentar un juicio político en el 2005 debido a que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) realizó un plan de financiamiento de campaña aparentemente ilegal.
Los críticos sostienen que Lula a menudo a hecho la vista gorda a la corrupción para mantener la cohesión en su coalición gobernante y se preguntan por qué esperó siete años de Gobierno para presentar el proyecto de ley.
Aún así, la influyente Orden de Abogados de Brasil (OAB) dio la bienvenida a la propuesta, al afirmar que no sólo deberían ser castigados los que reciban sobornos, sino también los que los ofrezcan.
"Es fundamental tener un castigo efectivo para ambas partes", indicó el presidente de la OAB, Ophir Cavalcante, quien agregó que la corrupción era el mayor desafío que enfrenta Brasil.
El país figura en el número 75 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, el grupo global anticorrupción.