Foto: REUTERS
SANTIAGO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Chile solicitará el próximo mes procesar judicialmente a un grupo de civiles y militares por la fallida alerta de tsunami durante el terremoto que el 27 de febrero de 2010 dejó más de 500 muertos y miles de damnificados, además de cuantiosas pérdidas en infraestructura.
Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía descartan que el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet haya tenido alguna responsabilidad técnica en los hechos ocurridos por la falta de medidas, por tratarse de acciones que corresponden a determinados organismos creados para atender este tipo de emergencias.
"Existen antecedentes que nos dan cuenta de que efectivamente se cometieron errores que tipifican delito culposo y que las decisiones técnicas debieron haber sido otras", ha explicado la fiscal encargada del caso, Solange Huerta, en declaraciones a la emisora local Cooperativa.
"Lo que estamos investigando son responsabilidades del tipo penal, es decir, saber qué personas tenían responsabilidad técnica en la toma de decisiones", ha destacado.
De acuerdo a las investigaciones, la alerta de tsunami se activó cuando ya las aguas habían arrasado con varias comunidades en el sur de Chile, las más afectadas por el denominado 'megaterremoto' de 8,8 grados en la escala de Richter, considerado una de las peores tragedias naturales que ha azotado a esa nación sudamericana.
El servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada habría enviado informes confusos a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y eso impidió que se alertara a los habitantes de las zonas costeras.