Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/03/2010 22:48
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este jueves que de las 110 investigaciones que se han iniciado contra los candidatos inscritos para los comicios legislativos del próximo 14 de marzo 57 han concluido con la expulsión de los aspirantes de las listas electorales por incumplir los requisitos legales.
"De las 110 quejas que recibimos, un 50 por ciento terminaron prosperando tras una investigación", dijo el presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié.
Del total de las candidaturas anuladas, 11 fueron revocadas porque sus representantes estaban inmersos en "claras inhabilidades" para acceder al órgano legislativo ya que tenían causas pendientes con la Justicia colombiana o sanciones vigentes con la Procuraduría General.
El caso más significativo en este sentido es el del candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, cuya candidatura fue anulada por soportar una condena judicial en relación a su militancia en el desaparecido M-19.
En 23 de estas candidaturas los partidos a los que pertenecían los políticos que las defendían decidieron retirarlas al anunciarse el proceso de investigación del órgano electoral contra estas personas mientras que otros 13 aspirantes optaron por inhibirse de la puja electoral de forma voluntaria.
Otras de las causas que motivaron la suspensión de las candidaturas fue la demora en realizar su inscripción, el abandono de la formación política a la que pertenecía el aspirante y el incumplimiento de los límites de edad establecidos por la ley colombiana, 25 años para el Congreso y 30 para el Senado.
No obstante, los magistrados del CNE decidieron no impugnar aquellas aspiraciones de políticos vinculados con personas situadas en distintos puestos de las alcaldías municipales.
Estas suspensiones fueron posibles gracias a la reforma política de 2009 que facultó al CNE para revocar las inscripciones electorales cuando encontrara indicios de inhabilidad en algún candidato. Antes era necesario iniciar un proceso judicial por la vía contencioso-administrativa que, en la mayoría de los casos, se traducía en grandes demoras.