La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recibió la denuncia contra el Estado de Costa Rica impulsada por una mujer a quien el Estado le negó la posibilidad de realizarse la fecundación in vitro por una prohibición que está en vigor en esa nación centroamericana desde hace once años.
El caso de Gretel Artavia Murillo fue presentado ante esa corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que fueron violados los "derechos a la vida privada y familiar, del derecho a fundar una familia y del derecho a la igualdad y no discriminación, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió en 2000 prohibir la fecundación asistida sin excepciones al concluir que este tipo de prácticas violenta la vida de los embriones.
La prohibición absoluta constituye "una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia", así como "una violación del derecho a la igualdad de las víctimas" porque el Estado "les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos", señala un comunicado de la comisión.
La CIDH envió el caso de Artavia Murillo a la Corte el pasado 29 de julio porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, relacionado con la investigación llevada a cabo, señala el texto.