Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/03/2010 17:02
En las cárceles de Cuba hay "centenares de presos políticos o comunes" que presentan una "salud muy quebrantada" sin que el Gobierno de Raúl Castro acepte otorgarles una licencia extrapenal para que puedan salir de prisión y recibir una adecuada atención médica, denunció este jueves la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
"Según nuestras propias investigaciones, hay centenares de presos políticos o comunes cubanos con la salud muy quebrantada que debieran ser excarcelados de inmediato" de conformidad con lo establecido en el Código Penal cubano, señala un comunicado de la comisión no reconocida pero tolerada por el régimen castrista.
La CCDHRN señala que 25 de los 55 presos de conciencia adoptados por Amnistía Internacional presentan un estado de salud "muy preocupante e incompatible con el internamiento carcelario", algunos con considerables daños orgánicos y físicos como el caso de Ariel Sigler Amaya quien hace 16 meses se encuentra parapléjico y sin poder caminar.
La comisión ha rechazado las declaraciones del ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, quien el pasado 3 de marzo en Ginebra aseveró que en la isla no hay prisioneros políticos cuyo estado de salud sea incompatible con el internamiento carcelario.
Para la organización de Derechos Humanos "la única forma" de saber la verdad de lo que sucede en las prisiones de Cuba es "abriendo el desproporcionado sistema carcelario de la Isla al escrutinio internacional del mismo modo que lo ha hecho Estados Unidos con el campo de prisioneros de la Base Naval de Guantánamo".
La CCDHRN, al igual que otras ONG cubanas y extranjeras, han pedido al Gobierno de Castro que autorice la visita del relator Especial de la ONU para Casos de Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Manfred Novack; así como del Comité Internaciona de la Cruz Roja y Amnistía Internacional, entre otros.
La idea es que estos organismos realicen "misiones de cooperación con el propio Gobierno, de suerte que éste pudiera adquirir una verdadera conciencia de la enorme cantidad de irregularidades y abusos de que han sido o son víctimas decenas de miles de seres humanos en las prisiones y otros lugares de internamiento" de la isla.
Pese a estas insistentes peticiones, el Gobierno de Castro no ha permitido que organismos de Derechos Humanos realicen visitas a las cárceles de la isla para conocer la condición de los presos comunes y de los considerados políticos, que según la CCDHRN, suman unos 200.