Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 31/08/2010 08:41
El ministro de Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, y su homólogo argentino, Héctor Timerman, han firmado un acuerdo que establece los términos para la supervisión medioambiental conjunta de la Planta Orión, fábrica de celulosa propiedad de la compañía finlandesa UPM (antes Botnia), en la frontera entre ambos países.
El pacto firmado por ambos cancilleres recoge la creación de un comité formado por cuatro científicos (dos de cada país) que rendirá cuentas ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y se encargarán de comprobar los efectos ambientales de la planta sobre el río, que separa ambas naciones.
El comité de expertos, cuya primera reunión tendrá lugar el próximo jueves, establecerá en un plazo máximo de 60 días un plan para determinar los procedimientos utilizados para efectuar los controles medioambientales, que se producirán tanto en el interior de la fábrica como en ambas orillas del río Uruguay.
"El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar de forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación (...) a fin de que las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes", indica el acuerdo de once páginas firmado por ambos cancilleres en Montevideo, titulado 'Metas reversales' y recogido de forma íntegra en la edición digital del diario uruguayo 'El País'.
Además de los controles sobre las emisiones de la fábrica, el acuerdo también establece la supervisión "de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay" así como el de "todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos" que puedan estar dentro del área de influencia de los fluidos emitidos por la planta de celulosa.
El ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, afirmó que el pacto marcará un "hito en el cuidado del medio ambiente y será motivo de elogios por parte de especialistas", informó el diario 'Clarín'.
La fábrica de Botnia, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, había provocado un largo enfrentamiento diplomático entre ambos países desde su construcción en 2003.
El pasado mes de abril la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo en el que condenaba a Montevideo por haber violado un tratado bilateral al permitir la instalación de la planta de celulosa en la ribera del río Uruguay. Una resolución en la que, sin embargo, no daba la razón a Argentina, que había solicitado el desmantelamiento de la fábrica por las supuestas emisiones contaminantes emitidas por la fábrica sobre el río.