CIUDAD DE GUATEMALA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclama al Estado de Guatemala que investigue las "graves violaciones" de Derechos Humanos cometidas en la última guerra civil y advierte de que la Ley de Amnistía de 1986 "no debe representar un obstáculo para la investigación, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos".
En un comunicado hecho público este viernes en la web de la Organización de los Estados Americanos, la CIDH insiste en que, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que las disposiciones de cualquier naturaleza --sean legislativas, administrativas u otras-- que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos "son incompatibles con las obligaciones de los Estados".
En consecuencia, han indicado que en el caso de que una persona acusada de un delito en este contexto solicite la aplicación de una ley de amnistía, el tribunal tiene la obligación de investigar y esclarecer la situación, ya que "de conformidad con las obligaciones estatales no se pueden aplicar leyes o medidas de amnistía a graves violaciones a los derechos humanos".
Este anuncio tiene lugar días después de que el Tribunal Constitucional de Guatemala haya decidido conceder el amparo al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt por considerar que se le debe aplicar el decreto que establece la concesión de una amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y los guerrilleros por delitos cometidos durante la última guerra civil, según informó el diario 'Prensa Libre'.
Según el rotativo, la decisión del Alto Tribunal, adoptada por la mayoría de sus miembros reunidos el pasado martes en sesión plenaria, "abre la puerta para aplicar la amnistía a Ríos Montt", toda vez que el Constitucional ordena a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, que emita nueva resolución y fundamente por qué acepta o rechaza el incidente de excepción de la extinción de la persecución penal, presentado por la defensa del militar amparándose en el decreto emitido por el general Óscar Humberto Mejía Víctores en 1986.
En el fallo judicial del Constitucional, los magistrados no dicen directamente que haya que conceder la amnistía a Ríos Montt pero exponen que los hechos que se le atribuyen ya fueron objeto de amnistía, por lo que sería de aplicación de nuevo el perdón por una ley anterior se mantiene bajo el imperio de la norma siguiente.
Finalmente, en este comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en el deber de los Estados de investigar, juzgar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Ríos Montt gobernó Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, un periodo en el que las fuerzas militares atacaron a comunidades ixiles y durante el que murieron 1.771 personas.