Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/02/2010 21:36
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación por la ambigüedad del decreto de Amnistía aprobado por el Congreso de Honduras e instó a las autoridades de este país a revisarlo e investigar las "serias" violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el periodo del régimen interino que se instauró tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
El órgano, vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la aplicación de leyes de amnistía impiden que la Justicia juzgue los casos de "serias" violaciones de Derechos Humanos que, en opinión de la CIDH, va en contra de la obligación de los Estados de investigar y promover el respeto a "los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase", reza el comunicado facilitado por la institución.
"Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es, en este caso, la Ley de Amnistía", recoge el texto.
En este sentido, la CIDH indicó que una ley de amnistía no puede justificar el incumplimiento de los deberes estatales ya que, en la práctica, la aplicación de estas normativas ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, dejándolas en la impunidad. En consecuencia, varios países pertenecientes al organismo regional han tenido que revisar y dejar sin efecto este tipo de normativas debido a la imposición de la doctrina de la corte.
La amnistía fue aprobada este miércoles por el Congreso Nacional, de mayoría oficialista, después de que Lobo sancionara la medida en plena ceremonia de investidura en un intento de evidenciar ante la comunidad internacional la intención del nuevo Gobierno de promover la reconciliación social.
El decreto afectará a todos aquellos que cometieron delitos de traición, forma de gobierno, terrorismo, sedición, usurpación de funciones, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios entre el 1 de enero de 2008 y el 27 de enero de 2010 y estará vigente 40 años.