La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó este martes un proyecto que declara el estado de excepción en los departamentos de San Pedro y Concepción, en el norte del país, para un periodo de 60 días, poco después de que el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) llevara a cabo un nuevo ataque en la zona en el que mató a dos policías.
El texto justifica el estado de excepción "por la grave conmoción interior generada por los grupos criminales que operan en la zona, poniendo en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales, así como el resguardo de la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus bienes", según los medios de comunicación paraguayos.
Ahora la Cámara de Diputados deberá dar su visto bueno al proyecto o rechazarlo. Durante el debate en el Senado, algunos legisladores se opusieron al texto argumentando que varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Carlos Filizzola, habían dicho que no era necesario.
Otros senadores, en cambio, afirmaron que la población de la zona norte del país tiene miedo y que necesitan que el Estado les proporcione más seguridad.
El proyecto aprobado por la Cámara de Senadores establece que durante esos 60 días --el periodo máximo que autoriza la Constitución para la vigencia del estado de excepción--, el presidente del país, Fernando Lugo, podrá ordenar por decreto la detención de personas y su traslado de un punto a otro del territorio nacional.
También dice que el Gobierno no podrá reconocer en ningún caso el estatus de beligerancia a personas o grupos de delincuentes, cualquiera que sea su denominación. La declaración del estado de excepción suspende algunas garantías constitucionales y autoriza a las Fuerzas Armadas a ayudar a la Policía a detener a miembros del EPP, un grupo armado de extrema izquierda responsable de secuestros y asesinatos.
Hace varios días se cometió un atentado con explosivos en una comisaría del departamento de Concepción que causó la muerte de dos policías y llevó a la población local a manifestarse para reclamar seguridad. En abril de 2010 ya se declaró el estado de excepción, pero entonces no se logró detener a los líderes del EPP.
De hecho, el ministro del Interior había advertido de que "ya se probó en ocasiones anteriores (...) y no hay muy buena experiencia en el tema operativo entre policías y militares".
El EPP, que actúa en una zona de la frontera con Bolivia y Brasil donde coexisten grandes establecimientos ganaderos y cultivos ilegales de marihuana, aspira a convertirse en una guerrilla. Muchos de sus miembros han sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno de Lugo ha intentado sin éxito desarticular el EPP.