LIMA, 21 Feb. (Reuters/EP) -
Organizaciones indígenas exigieron el lunes al Gobierno peruano más protagonismo en la nueva ley que busca disminuir los conflictos sociales generados por el desarrollo minero.
Según la ley, el Gobierno y los grupos nativos deben discutir la viabilidad de los proyectos mineros en sus comunidades, pero en caso de no alcanzar ningún acuerdo, la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades y las comunidades indígenas no tienen poder de veto.
Los indígenas quieren tener la última palabra y además, piden que la ley, que debería entrar en vigor este mes, sea retroactiva a los proyectos que ya se aprobaron.
El líder del principal grupo que defiende los derechos de los indígenas para el desarrollo de las actividades, Alberto Pizango, dijo que "no se trata de que el Estado tome las decisiones, sino que el Estado logre el consentimiento de los pueblos indígenas para el desarrollo de las actividades".
El Gobierno peruano ha dicho que la ley no dará derecho a veto a las comunidades indígenas y también ha señalado que la norma no puede tener carácter retroactivo, debido a que generaría un ambiente de inestabilidad en el país.
Los indígenas aseguraron que si el Gobierno no inicia la modificación de la ley en los próximos 30 días presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante el Tribunal Constitucional.
Perú tiene proyectos mineros valorados en unos 50.000 millones de dólares para la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo de la población local por no percibir los frutos de la bonanza económica y temer que los proyectos afecten su medio ambiente.