Actualizado 23/01/2013 15:12

Acusan formalmente de genocidio al exdictador guatemalteco Ríos Montt


MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Estado guatemalteca ha presentado formalmente una acusación contra el exdictador Efraín Ríos Montt y contra un antiguo jefe de la Inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad, según ha informado este miércoles la prensa del país centroamericano.

El fiscal, Orlando López, expuso este martes sus argumentos durante más de ocho horas de audiencia, al término de la cual el juez ha citado para este miércoles a los abogados de la defensa y a los querellantes particulares para que expongan sus argumentos, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'. El proceso penal comenzó hace aproximadamente un año. Durante la sesión, los activistas de Derechos Humanos colocaron globos en el exterior del tribunal para reclamar justicia.

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, durante los 36 años de conflicto armado interno, en Guatemala hubo más de 45.000 desaparecidos, al menos 650 masacres, medio millón de refugiados en México y un millón de desplazados. Las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron las responsables del 93 por ciento de los crímenes cometidos, según la misma fuente.

Los hechos por los que se acusa al expresidente se remiten a 1982, cuando el Ejército llevó a cabo la operación campaña 'Victoria 82' contra las comunidades de la etnia maya-ixil en la zona de Quiché, en el contexto de la guerra contrainsurgente. Ríos Montt fue presidente del país entre 1982 y 1983 y Mauricio Rodríguez Sánchez dirigía por entonces la Sección de Inteligencia (G2).

Según la exposición detallada hecha por el fiscal ante el tribunal, los dos procesados ordenaron, a través de la cadena de mando, la operación, en la que se cometieron un total de once masacres --término utilizado jurídicamente para referirse a los asesinatos colectivos en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y criminales--, que causaron la muerte de al menos 1.771 indígenas, entre hombres, mujeres y niños.

Asimismo, el fiscal explicó que, de acuerdo con los peritajes y las exhumaciones, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por su edad no podían empuñar un arma y, por tanto, no podían ser considerados guerrilleros.

El operativo, según el fiscal, incluía la obligación de informar sobre el plan de campaña 'Victoria 82' tanto al presidente como el Ministerio de Defensa Nacional. Por tanto, según Orlando López, aunque Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no fueron los autores materiales de las matanzas, sí tuvieron conocimiento de los hechos que se estaban perpetrando.

'FIRMEZA 83'

El fiscal también hizo alusión al llamado plan 'Firmeza 83', establecido con vistas a la eliminación de "actores subversivos" y para proteger a la población civil. Según López, en aplicación de este plan, cualquier ciudadano que no simpatizara con el Ejército guatemalteco era considerado enemigo interno y era perseguido por ello. En estas circunstancias, denunció, el plan sirvió para aniquilar a los comités campesinos locales.

Desde que comenzó el proceso, según 'Prensa Libre', la defensa de los militares había logrado ralentizar el proceso mediante la interposición de más de un centenar de recursos legales que fueron atendidos, y rechazados, por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Tribunal Constitucional. El propio Ríos Montt intentó por todos los medios retrasar el comienzo del juicio desde enero de 2012, pero finalmente fue puesto bajo arresto domiciliario en mayo del año pasado a la espera del inicio del proceso.