MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Panamá ha decidido rechazar la solicitud de extradición de la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --servicios de Inteligencia colombianos-- María del Pilar Hurtado, presentada por Colombia el 14 de diciembre de 2011.
El Ejecutivo panameño ha argumentado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación del país y el acuerdo bilateral de extradición, según ha informado el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado.
Así, ha citado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales".
Además, ha recordado que, según la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, "todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente". "La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos", recoge dicha convención.
Por último, el Ministerio de Exteriores panameño ha recalcado que el asilo se desarrolla "para ofrecer una herramienta jurídica que brinde protección a los perseguidos políticos, en una región del mundo que por mucho tiempo se caracterizó por una débil institucionalidad democrática y que empieza a cimentar su consolidación".
El pasado 14 de diciembre, Colombia solicitó formalmente a Panamá la extradición de Hurtado por su implicación en el caso de las escuchas telefónicas realizadas sin autorización judicial a opositores al Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), conocidas popularmente como 'chuzadas'.
Hurtado, que ya fue destituida e inhabilitada durante 18 años, está acusada de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, como máxima responsable de las 'chuzadas'.
La ex directora del DAS permanece asilada en Panamá desde noviembre de 2010, cuando le fue concedido este estatus por el anterior ministro de Exteriores de este país, Juan Carlos Varela.