El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tendrá 63 de los 92 diputados en la Asamblea Nacional, lo que permitirá al mandatario de izquierda aprobar reformas transcendentales sin la necesidad de hacer coalición con otras fuerzas políticas.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) ha publicado los resultados oficiales ratificando el triunfo del partido de Ortega, en medio de fuertes polémicas por las denuncias formuladas por observadores nacionales e internacionales sobre el desarrollo de los comicios celebrados el pasado 6 de noviembre.
El Partido Liberal Independiente (PLI) será la fuerza opositora con más peso en el Parlamento unicameral, con un total de 27 legisladores. En cambio, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del expresidente Arnoldo Alemán, deberá trabajar con apenas dos legisladores.
Los sandinistas, que encabezaron la alianza "Unida, Nicaragua Triunfa", también serán mayoría en el Parlamento Centroamericano (Parlacén), tras haber ganado 13 de los 20 diputados que le corresponde a Nicaragua en ese órgano legislativo regional. El PLI tendrá seis escaños y el PLC solamente uno.
El CSE también ha hecho oficial la reelección de Ortega con más de 1,56 millones de votos (64 por ciento) y el triunfo del general Moisés Halleslevens --también del FSLN-- como nuevo vicepresidente de Nicaragua. Ambos asumirán el próximo 10 de enero el nuevo gobierno por un período de cinco años.
Esta será la tercera vez que el exguerrillero sandinista gana unas elecciones presidenciales en Nicaragua. La primera vez fue en 1984 y la segunda en 2006.
Aunque la Constitución de esa nación centroamericana no permite la reelección continua ni la posibilidad de que una persona gobierne tres períodos, sus partidarios lograron llevar adelante una propuesta para que Ortega evadiera esta prohibición, la cual fue aprobada gracias al voto de jueces afines al actual mandatario.
Al mismo tiempo, el órgano electoral ha rechazado los recursos que presentaron el PLI y el PLC para anular los resultados de las elecciones, alegando que los escritos no cumplían con los requisitos para considerarse recursos de "revisión aritmética", según explicó el magistrado del CSE, Roberto Rivas.