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Lunes, 28 de mayo 2012
Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 13/10/2009 18:10
UE/Colombia

Activistas exigen a la UE un apoyo público y contundente a los defensores de los DDHH en Colombia

   Varias organizaciones de defensores de los Derechos Humanos en Colombia instaron este martes a la Unión Europea a mostrar un "apoyo público" más "contundente" a los perseguidos por su defensa de estos derechos y advirtieron a los Veintisiete de que firmar un acuerdo comercial con el país andino en estos momentos sería como "aplaudir" la represión de la que son víctimas estos activistas.

   Esta martes en Bruselas se presentó la campaña 'Colombia: defensores de los Derechos Humanos bajo amenaza' con la que 224 organizaciones colombianas, europeas e internacionales tratan de generar "un movimiento solidario" mundial para con la "muy arriesgada" labor que realizan en una situación "tan difícil y tan crítica" como la que se vive en el país sudamericano, explicó en rueda de prensa el portavoz de la Organización Internacional de DDHH-Acción Colombia (Oidhaco), Emmanuel Raison.

   Los líderes sociales y defensores de derechos humanos que protegen a los que son "víctimas" de abusos en Colombia son "perseguidos, estigmatizados y encarcelados" incluso por parte de las fuerzas del Estado, según denunció el activista del departamento de Arauca Martín Sandoval.

   Según Sandoval, desde que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, lanzó su política de seguridad democrática para luchar contra grupos armados ilegales (como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el grupo paramilitar de la Autodefensa Unida de Colombia) en la región de Arauca "más de 3.500 personas han sido detenidas masivamente, de manera transitoria o selectiva", más de 500 activistas encarcelados y "más de 150 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados".

   Por su parte, el miembro del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas, denunció que la situación en Colombia es "una de las más graves en el mundo" y también criticó la "criminalización" de estos activistas a los que con frecuencia se acusa de "dar apoyo a determinados grupos", en referencia a la organización terrorista FARC y otras. "Eso es una manipulación", insistió, porque los defensores "promueven la democracia" con "métodos pacíficos".

    Sottas, además, defendió la importancia de la campaña que se presenta en Europa este martes porque se trata de "rescatar la democracia" en un país en el que se utilizan "los más crueles métodos de represión" para "impresionar" a la sociedad y obligar a los ciudadanos a "pensarse dos veces" si apoyar a los que defienden el respeto por los Derechos Humanos y sindicales.

RECOMENDACIONES A LA UE

   Así las cosas, las organizaciones que secundan esta campaña remitieron a la UE una "lista de recomendaciones" para que los Veintisiete coloquen "como primer punto de sus agendas" en las relaciones con el país andino el respeto por los Derechos Humanos.

   En este sentido, el objetivo es que las embajadas de los países europeos en Bogotá y la delegación de la Comisión Europea en el país ejerzan un papel "más activo" en la protección de los perseguidos y muestren su "apoyo público" a los defensores de Derechos Humanos.

   También pretenden que la sociedad civil esté presente en el diálogo formal establecido entre la UE y Colombia para garantizar la "transparencia" de los compromisos entre las partes, algo que "ahora no se está dando de manera satisfactoria", apuntó el portavoz de Oidhaco, Emmanuel Raison.

   Los programas de cooperación comunitarios tienen que "prever mecanismos" para proteger a los activistas, continuó Raison, quien advirtió de que las negociaciones con Bogotá para un acuerdo comercial es una "excelente oportunidad" para "presionar" al gobierno de Uribe.

   En este sentido, recordó que países como Estados Unidos, Canadá y Noruega negociaron tratados de libre comercio con Colombia, pero no han sido ratificados debido a la situación de los derechos humanos y derechos sindicales en el país andino.

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