'Justicia para Alfonso' duda de que la muerte de un hondureño el día 14 en una comisaría de Getafe fuera suicidio y critica el "acoso" policial
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El 80 por ciento de los fallecimientos de inmigrantes en cárceles y comisarias españolas se deben a suicidios por ahorcamiento, cifra que baja al 55 por ciento entre presos españoles, aseguró hoy la Plataforma 'Justicia para Alfonso', un 'sin papeles' hondureño que murió el pasado 14 de octubre en una celda de la comisaría de la Policía Nacional de Getafe.
El portavoz de la plataforma, Gustavo Álvarez, solicitó que se esclarezca el caso de este inmigrante, Alfonso Fortín Sánchez, que fue detenido junto a su primo Ricardo la medianoche del día 13 del mes pasado por carecer de documentación. Varias horas después, el primero fue encontrado muerto tras haberse asfixiándo con sus propios pantalones.
Álvarez, junto al portavoz de la familia del fallecido, Marcos Trejo, dudaron hoy de esta versión y exigieron al Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno y a las autoridades judiciales que esclarezcan "lo antes posible" el caso, "así como el establecimiento de las responsabilidades derivadas del mismo".
Asimismo, criticaron la situación en la que se encuentra Ricardo y el resto de los inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche y del resto de España. "Coherente con los criterios excluyentes y represores, los CIE se han convertido en la práctica en cárceles sin régimen interno, sin protección judicial y manteniendo prohibida ya la presencia de cualquier organización o asociación civil que pueda velar los derechos de los internos, en una condición de presos por una mera falta administrativa", indicaron.
"Esta situación se agrava aún más para las mujeres inmigrantes, que padecen múltiples discriminaciones por su origen, sexo y clase social, es decir, por ser mujeres, inmigrantes y trabajadoras. En este panorama represivo al que se somete a diario a las personas inmigrantes, no faltan agresiones xenófobas y racistas alimentadas en gran medida por la criminalización y culpabilización instaladas con naturalidad aberrante", agregaron desde la plataforma.
LOS HECHOS
Según Álvarez, en la medianoche del pasado 14 de octubre Alfonso y su primo Ricardo paseaban por Getafe cuando una patrulla de la Policía Local de Getafe les pidió la documentación. Como carecían de ella y ante una posible situación irregular en territorio español fueron llevados a la comisaría de la Policía Nacional. Allí, después de tomarles declaración, fueron conducidos a dos celdas. A las 5.30 horas del martes un funcionario policial encontró al primero sin vida. Posteriormente, su primo fue trasladado al CIE de Aluche, donde aún permanece, con una orden de expulsión del país.
"En la detención ya se producen las primeras irregularidades, pues los agentes municipales no tienen facultades para detener a inmigrantes sin papeles. Ni siquiera la cadena de custodia se cumple", señaló el portavoz, que achacó toda esta situación a la "nefasta" Ley de Extranjería española y la "infame y cruel" directiva europea de la inmigración "directiva de la vergüenza apoyada por los eurodiputados del PSOE, salvo honrosas excepciones".
Sobre las causas de la muerte, el portavoz de la familia expresó sus dudas de que se deba a un suicidio, fruto de la asfixia producida por sus propios pantalones, por lo que solicitó un nuevo informe forense, "ya que en el primer ítem se habla de una asfixia por ahorcamiento, luego solo asfixia y después asfixia por ahorcamiento inacabado".
Igualmente, denunció la "falta de medidas para garantizar la seguridad" en los Centros de Internamiento de Inmigrantes y la "violación de derechos" de su otro primo "aislándolo y no dejándole ir al funeral de su primo". "Ricardo tiene mucho miedo de que le pueda ocurrir algo parecido. Ahí no hay ninguna persona que pueda garantizar los derechos de los detenidos. No todos los agentes son iguales, pero algunos tratan de hacer de ellos la Ley", apostilló Marcos Trejo.
Aparte de la nueva explicación forense, la familia del fallecido también pidió el visionado de las cámaras de seguridad desde la llegada de los detenidos hasta el hallazgo del cadáver por parte de un policía, que ya ha declarado ante el Juzgado número 5 de Getafe, que es el que lleva el caso. Según el portavoz de la plataforma, la celda de Alfonso se encontraba en frente de la garita policial. También, solicitaron que aparezcan los pantalones con los que supuestamente se quitó el fallecido, así como el resto de los objetos personales que portaba en su arresto.
Por otro lado, señalaron que Ricardo, que puede dar su versión de los hechos al encontrarse en una celda cercana a la de su primo fallecido, "se encuentra aún noqueado" en el CIE y con miedo a hablar "ya que hay dos policías vigilan cuando un interno con el exterior, a parte de la presión psicológica a la que se ven sometidos". "Lo poco que ha dicho ya está en conocimiento de nuestro abogado. No se siente seguro y está a la espera de salir, aunque sea expulsado a su país, para hablar con garantías", indicó.
DENUNCIÓ EN ABRIL A DOS POLICÍAS POR AGRESIÓN
El portavoz de la familia reveló que el fallecido había denunciado en el mes de abril a dos policías de Getafe por agredirle en una comisaría "del que existe un parte médico que lo justifica, y que portaba en el momento de la detención del día 14". "Creemos que se deben depurar responsabilidades", exigió Álvarez.
Trejo afirmó que el fallecido tenía 29 años y trabajaba en una empresa de montaje y desmontaje de escenarios y reveló que "tenía miedo de ser detenido". Llevaba en España tres años y medio. Estaba casado, tenía dos hijos, aunque convivía con otras persona ecuatoriana en Getafe. Por su parte, Ricardo, de 21 años, era comercial y llevaba el mismo tiempo en España. "Estaban en trámites para conseguir la residencia porque tenían sus familias en este país", señaló.
Por todo ello, la plataforma 'Justicia para Alfonso' pidió a la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, que acceda a entrevistarse con ellos, tras una petición realizada hace dos semanas. Para que se esclarezca este caso, han convocado una concentración autorizada para este jueves, 6 de noviembre, a las 19.30 horas a las puertas de la Delegación.
"La política represiva asentada en la Ley de Extranjería y de la 'Directiva de la Vergüenza' se traduce a la detención de casi 3.500 personas inmigrantes cada mes y asistimos a la consolidación de los términos más excluyentes y represivos en derechos, tales como el reagrupamiento familiar, el reglamento de expulsión, procedimientos de inadmisión abreviado y expeditivos; y en la acotación arbitraria al asilo. Esta reducción de derechos de los inmigrantes se traslada en el acoso policial permanente en los barrios de las ciudades, con redadas desmedidas e identificaciones arbitrarias, sin respetar los mínimos y elementales derechos humanos", manifestaron.
En la concentración también pedirán que se cumpla el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, que habla de la libertad de la circulación de las personas y que se garantice la seguridad y los derechos en los CIE. "No nos negamos a permanecer indiferentes al acoso y persecución al colectivo inmigrante, no podemos ni queremos permanecer impasibles ante otra muerte por papeles", concluyeron desde la plataforma 'Justicia para Alfonso2
