MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La patronal de empresas de limpieza madrileñas, AELMA, ha trasladado al Gobierno a través de misivas enviadas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación, María Luisa Lamela, su preocupación por las consecuencias derivadas de la nueva fórmula de contratación pública a través de la Central de Compras, ha informado la patronal en un comunicado.
En concreto, AELMA calcula que este nuevo procedimiento provocará la desaparición de decenas de empresas en la región y la destrucción de 300 puestos de trabajo.
AELMA se refiere a la licitación de los servicios de limpieza de 497 edificios administrativos públicos ubicados en la Comunidad de Madrid, cuyo concurso ha sido resuelto en el mes de enero.
A tenor de cómo se ha desarrollado el procedimiento, AELMA considera que la central de compras, y en concreto este concurso, es un absoluto fracaso y entorpece la libre concurrencia empresarial.
AELMA revela que de las 143 empresas del sector que podrían haber accedido individualmente al concurso, y de un total de 508 que habrían tenido opción de concurrir en UTE, solamente han participado un total de 12 empresas.
Además, las adjudicatarias actuales han optado por no acudir al concurso y tres de los 11 lotes han quedado desiertos, con lo que ha tenido que acudirse al procedimiento negociado sin publicidad para cubrir su adjudicación.
A juicio de AELMA, este comportamiento empresarial de falta de participación en la licitación es consecuencia de la amortización de puestos de trabajo que ha de efectuarse y de la exigencia de cumplimiento de determinadas prestaciones, cuyo coste, unido a la obligación de mantener el número de horas de prestación requeridas, muy superior a la contraprestación a recibir, obligan a los empresarios a endeudarse de forma importante para poder cumplir con los pliegos.
"Lo que pretendía ser una racionalización del servicio, con mejora en la eficacia de la gestión y ahorro para la Administración, se ha convertido en una simple subasta de precios sin importar el grado de cumplimiento de las obligaciones empresariales, y menos aún, de las condiciones de prestación establecidas como exigibles por la Administración convocante", ha explicado Jesús Martín, presidente de AELMA.
Por estos motivos, desde AELMA se ha requerido a las Administraciones competentes de velar por el buen funcionamiento de estos servicios, que exijan a las empresas adjudicatarias el cumplimiento escrupuloso de los pliegos, aunque esto suponga una merma económica para las empresas.
"De no hacerlo, se estaría produciendo un agravio comparativo respecto a las empresas que no han concurrido, las cuáles, ahora podrían exigir la reparación del perjuicio causado si de alterasen las condiciones establecidas para la prestación del servicio", ha concluido.
