Afectados por Aneri piden que la "mini comisión" sobre el presunto fraude se transforme en una investigación "cabal"

Actualizado 05/06/2014 19:14:48 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de asociaciones afectadas por el presunto fraude en el uso de los fondos destinados a formación protagonizado por el empresario José Luis Aneri ha exigido que la "mini comisión de investigación" que ha echado a andar este jueves en la Asamblea de Madrid para "mini investigar" lo sucedido se transforme en una investigación "cabal en profundidad".

Así se ha expresando la plataforma de afectados por el 'caso Aneri' en un comunicado el mismo día en que ha echado a andar en la Cámara de Vallecas la "mini comisión" de investigación sobre este caso, que durante dos días traerá a la Asamblea de Madrid a altos cargos de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura para hablar sobre este posible fraude.

En su comunicado, la plataforma muestra su deseo de que "mini comisión para mini investigar" pase a ser "una investigación cabal y en profundidad, comprometida con la transparencia absoluta en la gestión de los fondos para la formación que se han tramitado en los últimos seis años en el departamento de la Consejería de Empleo" y que la Consejería abandone la que, a su juicio, es una posición "obstruccionista".

En esta primera jornada, la directora general de Formación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad, Patricia Herrero, ha comparecido en sede parlamentaria, donde ha reiterado que los beneficiarios de la subvenciones para los cursos de formación continua son responsable de su control.

Asimismo, se ha preguntado si estas asociaciones han explicado a sus asociados qué hicieron con los fondos públicos que recibieron y por qué no han demandado a José Luis Aneri, administrador de Sinergia Empresarial.

"Es falso que las asociaciones afectadas no hayan presentado denuncias por vía penal contra Aneri. Es más, el actual procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid (el primero en conocer los hechos), comenzó sus investigaciones a raíz de la denuncia de una asociación empresarial afectada", asevera la plataforma tras escuchar estas declaraciones.

Además, asegura que "escalonadamente, durante los últimos meses todas las asociaciones afectadas de la Plataforma han presentado denuncias en los tribunales".

En este sentido, expone que "han sido las propias asociaciones afectadas las primeras en solicitar a la Comunidad de Madrid que se personase en la causa penal", una invitación que, afirma, "se pidió se trasladase a la Consejería a través de los presidente y vicepresidenta de CEIM, Arturo Fernández y Lourdes Cavero respectivamente, en una reunión celebrada en diciembre de 2013".

Además, apunta que se solicitó "reiteradamente, por diversas vías y durante cinco meses" una reunión con el entonces viconsejero Juan Van-Halen "para trasladarle directamente dicha solicitud e informarle de lo que ya eran indicios claros de graves irregularidades en su departamento", pero no recibieron respuesta.

POR QUÉ NO SE NOTIFICABA A LAS ASOCIACIONES

Otro de los temas que la Plataforma pone sobre la mesa es la denuncia que ya formuló hace unos días asegurando que algunas asociaciones volvieron a contratar con Sinergia Empresarial S.L. , empresa de José Luis Aneri, en 2012 porque no les notificaron a ellos directamente lo sucedido hasta 2013. Y es que señalan que las comunicaciones se enviaban a Sinergia y no a ellos directamente.

La Plataforma pide explicaciones de las razones por las que la directora general "prohibió en enero de 2013 comunicar directamente a las asociaciones las irregularidades detectadas en Sinergia por el personal de su departamento", y pregunta por qué "se ocultó durante diez meses la investigación y apertura de expedientes de justificación de la ejecución de los cursos de formación, a sabiendas que con esta iniciativa se dejaba apartadas del trámite e indefensas a las entidades beneficiarias".

Las asociaciones afectadas exigen saber "quién mandó incumplir la orden 3727/2011 de la propia Dirección General que exige que los requerimientos se dirigirán a la entidad beneficiaria exclusivamente" y por qué se "ignoró que ya en 2010 el IRSST había denunciado las malas prácticas con la subvenciones de José Luis Aneri y a pesar de ello continuaron entregando millones de fondos perfectamente conscientes que eran las consultoras de Aneri las que los instrumentalizaban".

Por su parte, en la comisión parlamentaria, la directora ha afirmado este jueves que la dirección a la que la Comunidad había enviado la información había sido proporcionada por las propias asociaciones receptoras de las subvenciones.

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