MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) sostiene, en su último informe jurídico sobre la externalización sanitaria en la región, que la licitación del contrato para aplicar la gestión privada a seis hospitales de la región es ilegal pues no constituye una concesión de servicio público, sino un contrato de seguro de salud sobre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, lo que supone invadir una competencia que la Constitución asigna al Estado.
En este sentido, Afem remarca que la Comunidad crearía con este proceso una especie de "régimen especial parecido al de las mutualidades de los empleados públicos", "privatizando con ello, no la sanidad, sino la Seguridad Social" e invadiendo, por tanto, la parcela de gestión estatal.
También cree que el proceso de externalización "no sólo vulnera la regulación básica de la Seguridad Social (el aseguramiento universal y público por parte del Estado) sino también las bases del diseño del Sistema Nacional de Salud, en cuanto red integrada de servicios a los que los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad efectiva y calidad.
Aparte, la licitación del contrato licitado ya por la Consejería de Sanidad supone, a su juicio, que la Comunidad de Madrid adelantará anualmente un total de 280 euros a las concesionarias por unos servicios que seguirán prestando los hospitales de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Así lo indica el segundo informa elaborado por el bufete López Rodó & Cruz Ferrer junto con el equipo técnico de la asociación que ha sido presentado en la Asamblea extraordinaria de Afem y en la que se ha abordado la externalización de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).
PROBLEMAS DE LA FACTURACIÓN INTERCENTROS
Dicho estudio asevera que el objetivo principal del contrato licitado por el Gobierno regional "no es la concesión de los servicios", sino que las empresas concesionarias aseguren que el coste de la asistencia sanitaria a la población "protegida" por cada hospital "no supere las primas por cápita que les pagará cada mes".
"Estamos hablando de 1.150.000 personas. El objetivo es el coste no la prestación del servicio sanitario. De hecho, gran parte de la asistencia sanitaria se seguirá prestando por los grandes hospitales públicos de Madrid, que son los únicos que disponen de determinados Servicios", detalla el documento.
La distinción entre el aseguramiento del coste y la prestación efectiva del servicio que sostienen los servicios jurídicos de Afem "tendrá un efecto sorprendente" pues la Comunidad "adelantará mensualmente a las concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos unos 280 millones de euros anuales por los servicios que seguirán prestando los hospitales" de gestión directa del SERMAS.
"La Comunidad paga a las concesionarias por el coste de un servicio que no van a prestar sino que seguirán prestando los hospitales públicos de la Comunidad", remarca el documento.
Aparte, el informe jurídico indica que las concesionarias deberán abonar por anualidades vencidas los servicios que otros hospitales prestan a su población de referencia (lo que se conoce como facturación intercentros).
En este aspecto, el estudio indica que "la clave" es que los grandes hospitales públicos de la región "no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten".
"La Comunidad va a pagar a las empresas de gestión privada por unos servicios que no prestan porque se prestan en los hospitales públicos. Éstos, al no poder acreditar cada servicio mediante las correspondientes facturas intercentros no lo cobrarán y el dinero se lo quedarán las empresas", aseveran desde AFEM.
NORMATIVA QUE SE INFRINGE, SEGÚN AFEM
El informe de los servicios jurídicos de Afem estipula que la licitación para la gestión externalizada de estos hospitales infringe la Ley de Madrid 8/2012, que habilita al SERMAS para licitar la concesión del servicio en los hospitales, así como la exigencia de la Ley 15/1997 de que se establezca el régimen jurídico de las nuevas formas de gestión de los servicios sanitarios.
Dicho estudio sostiene que el contenido del contrato licitado "supera ampliamente el ámbito de la habilitación que la Ley 8/2012 otorga al SERMAS para licitar las concesiones al crear, a su juicio, un nuevo sistema de aseguramiento de la asistencia sanitaria y establece un nuevo régimen económico para la misma (contractual y presupuestario), un aspecto que es incompatible con diversas disposiciones del artículo 149 de la Carta Magna.
El contrato, según el informe, "no justifica su necesidad, idoneidad, ni régimen jurídico" del servicio" y discrimina "al personal estatutario interino con plaza" (en base al artículo 14 Constitución)e "incumple las obligaciones sobre docencia e investigación en los hospitales", que impone la regulación básica estatal.
"La prestación principal del contrato es el aseguramiento de unos costes y la prestación secundaria y eventual la prestación de servicios cabría incluso el supuesto hipotético de el hospital concesionado no prestara servicio alguno porque ningún paciente lo eligiera y esto no supondría que el concesionario incumpliera sus obligaciones", detalla el documento.
