MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se comprometió hoy a presentar un Proyecto de Ley para solucionar el problema de la Cañada Real antes de que acabe el periodo de sesiones, en el mes de junio. "Será un proyecto de ley especial que aborde todos los aspectos, sin excluir uno de los que hasta ahora todos creíamos que tenían que ser excluidos, que es la cuestión dominical, la imprescriptibilidad e inalienanilidad de esos terrenos", dijo durante el pleno del Parlamento Regional.
Después de que miembros del Ayuntamiento de Rivas acudieran hoy a la Asamblea de Madrid para pedirle que actúe para solucionar la situación de las personas que viven en la Cañada Real, la presidenta reconoció que esta zona es "un problema grave que afecta a más de 50.000 ciudadanos, a 1.700 viviendas e infraviviendas" y consideró que se trata de "un problema social educativo y de seguridad inmenso".
Una vez terminado el informe jurídico que el Gobierno encargó, la presidenta regional se propuso "buscar una solución consensuada y comprometida a consensuar un proyecto de ley antes de que acabe el presente periodo de sesiones y, si es necesario, habilitar el mes de julio y agosto para que la Asamblea lo debata y le dé una solución el próximo mes de septiembre", dijo.
Respondiendo a la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, la presidenta destacó que la Cañada Real Galiana se ha convertido "en uno de los problemas más graves de la Comunidad", puesto que hay zonas "donde incluso la Policía tiene problemas para entrar para mantener la ley y el orden, zonas donde las condiciones de vida son infrahumanas y otras donde la delincuencia alcanza niveles absolutamente intolerables".
Sabanés se mostró escéptica sobre la posibilidad de consenso "en estas situaciones tan complicadas", pero por la importancia de la Cañada, IU trabajará para lograrlo. "Estamos hablando de chabolismo, de asentamientos, de infraviviendas, viviendas ilegales de lujo, de vertederos, tráfico de armas, drogas.... Que hoy lo anuncie no evita la desidia y la situación que se ha vivido todo este tiempo, en lo que es, sobre todo, un drama humano", indicó.
De acuerdo con el estudio realizado por el Gobierno regional, entre 1924 y 1964, se cambió la anchura de las vías pecuarias, en concreto de la Cañada, desde los 75 metros de ancho, a entre 14 y 37 metros, es decir, "que se dejó de dominio público solamente lo que hoy es calle". "Por lo tanto, el resto de las construcciones que allí están, de acuerdo a las leyes de entonces, que siguen siendo aplicables, son bienes patrimoniales, entonces de la Administración del Estado, del Ministerio de Agricultura", manifestó.
"Incluso el Ministerio de Agricultura llegó a vender algunas de esas parcelas, que se inscribieron en el Registro y por tanto, se trata de hacer una legislación novedosa , donde ya no nos tengamos que sujetar propiamente al dominio público", avanzó. Destacó que el 67 por ciento de lo que está en Coslada, Rivas y Madrid no es ni Cañada ni de dominio público.
