MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El número de accidentes mortales registrados en la región entre enero y octubre descendió de 132 a 116, lo que supone una caída del 12,12 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos hoy por la Comunidad de Madrid.
De estos 116 accidentes laborales mortales, 86 se produjeron en la jornada laboral (un 1,15 por ciento menos que los 87 registrados entre enero y octubre de 2007) y los 30 restantes fueron 'in itínere' (en el trayecto al ir o volver al lugar de trabajo) frente a los 45 del pasado año, lo que supone una reducción del 33,3 por ciento.
El pasado mes de octubre se registraron en la región 11 accidentes mortales frente a los 14 fallecidos en ese mes de 2007 (un 21,43 por ciento menos). De los 11 accidentes mortales, 8 se produjeron durante la jornada laboral --seis en el sector servicios y dos en industria--, mientras que los otros tres trabajadores fallecieron en accidentes 'in itínere'.
Por su parte, el número total de accidentes --leves, graves y mortales-- baja un 4,58 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año pasado, un descenso que se refleja especialmente en el sector de la construcción (-29,85 por ciento) y en la industria (-15,92 por ciento).
En cuanto al acumulado de los diez primeros meses del año el número total de accidentes baja un 6,5 por ciento, también con reducciones significativas en construcción (-21,84 por ciento) e industria (-10,88 por ciento).
El índice de incidencia interanual respecto a los accidentes mortales se situó en agosto en 3,75 por cada 100.000 trabajadores. Respecto a los accidentes graves, el mes pasado se cerró con un índice de incidencia interanual de 23,81 por cada 100.000 trabajadores.
CORREGIR EL INCREMENTO DE ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA
Por su parte, el sindicato CC.OO. reclamó corregir el incremento de accidentes ocurridos en la industria, donde las muertes han pasado de 13 en los diez primeros meses de 2007 a 19 en lo que va de 2008.
Para el secretario de Salud Laboral del sindicato, Carmelo Plaza, esta situación debe ser analizada y corregida de inmediato, ya que el industrial "es un sector consolidado y si se producen incrementos en los accidentes mortales quiere decir que algo está fallando en la aplicación de la normativa en prevención de riesgos por parte de los empresarios".
CC.OO. de Madrid apuntó que lo más importante es que las políticas preventivas contempladas en el III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales "no sufran un parón", se desarrollen por completo a lo largo de toda su vigencia y permitan que sindicatos, empresarios, Administración regional y ayuntamientos, así como Inspección de Trabajo e Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollen su actividad en perfecta coordinación.
CIFRA INADMISIBLE
Mientras, UGT-Madrid consideró que el número de accidentes de trabajo registrados desde enero continúa siendo una cifra "inasumible" para una economía en principio moderna y diversificada como la madrileña, por lo que cree que es imprescindible poner en marcha los mecanismos de prevención necesarios para detener el incremento de accidentes, como la publicación del listado de empresas infractoras.
Ante los datos de siniestralidad, el sindicato va a seguir en la campaña de denuncia de la falta de aplicación de las medidas de prevención de los riesgos laborales y exigirán el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo en relación a los derechos de los trabajadores.
Además, solicitarán la aplicación del real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, e instarán a la Administración a que se publique no sólo en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma sino también a través de los medios de comunicación de forma que se de la mayor publicidad posible.
También pedirán la exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en materia de seguridad y salud, además de la comunicación inmediata al Ministerio de Economía y Hacienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desarrolla.
Finalmente, solicitarán a la Administración que se persone como acusación popular en aquellos casos en que exista presunción de delito por parte del empresario.