Archivada la denuncia del PP contra el alcalde de Pinto (PSOE) y sus socios de Gobierno por cohecho y corrupción

Actualizado 29/09/2010 15:30:09 CET

La jueza argumenta que no hay "prueba" de que recibiesen "dinero o favor" de los empresarios vinculados a 'El Espacio del Motor'

PINTO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado de Instrucción número 7 de Parla, Elena María García, ha ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones llevadas a cabo a raíz de la denuncia que, en enero de 2009, interpuso el Partido Popular contra el alcalde de Pinto, Juan José Martín (PSOE), y sus socios de Gobierno, Carlos Penit (IU) y Reyes Maestre ('Juntos por Pinto'), por la comisión de los presuntos delitos de cohecho, corrupción y tráfico de influencias por la supuesta vinculación de la moción de censura de 2008 con los empresarios de 'El Espacio del Motor', un proyecto urbanístico de 5 millones de metros cuadrados donde se desarrollará un circuito de Fórmula 1 y unas 7.000 viviendas.

La resolución judicial, fechada el pasado día 20 y a la que ha tenido acceso Europa Press , establece que "no ha resultado acreditado la comisión de delito alguno" y que "no se ha aportado prueba alguna que acredite que los imputados hayan recibido dinero, dádiva o cualquier otro favor por parte de ningún particular (empresarios vinculados con 'El Espacio del Motor') o de otro funcionario o autoridad (concejales de otros partidos)" que pudieran haber "influido en su actuar a la hora de apoyar o no la moción de censura que hizo perder la Alcaldía de Pinto a Miriam Rabaneda" (ex alcaldesa del PP).

La magistrada --que inició la investigación tras la denuncia de Rabaneda para determinar si la moción de censura que firmaron en diciembre de 2008 los tres grupos políticos podía estar fundamentada en intereses económicos-- ha sentenciado sobre el alcalde pinteño y Carlos Penit que "ninguna prueba se ha aportado que demuestre que su postura frente a la moción de censura tenga relación alguna con la recepción de favor alguno, sea o no económico, por lo que no se les puede imputar -concluye- delito alguno".

En los fundamentos jurídicos, el juzgado recuerda que la ex alcaldesa popular presentó "numerosos recortes de prensa referidos a los acontecimientos en relación a la manera de presentar la moción de censura".

La denuncia --según el juzgado-- se centró "en la creencia de que los concejales" habrían recibido "favores" por parte de los empresarios para aprobar e impulsar el proyecto urbanístico 'El Espacio del Motor'", después de que el Partido Popular intentase vincular el apoyo que dio el concejal Reyes Maestre al proyecto con la compra de su antigua vivienda en Pinto por parte de un empresario vinculado al proyecto urbanístico.

Tras tomar declaración a los testigos y a los imputados, el juzgado determina que el "cambio de criterio" de Reyes Maestre sobre 'El Espacio del Motor' "debe ser valorado en el ámbito estrictamente político, quedando en manos de los electores -añade- la reprobación o no de tal comportamiento". "Si se han podido sentir 'traicionados' -agrega-, deben dejar constancia de ello en las urnas".

El juzgado considera, por otro lado, que no hubo nada "irregular" en el nombramiento de la pareja de Maestre, Aída Nunez, como consejera de administración de la empresa municipal de Servicios (ASERPINTO), causa que sumó el juzgado al proceso tras la ampliación de la denuncia que hizo el PP para investigar este hecho.

"Aunque pueda resultar llamativo que se trate de la pareja sentimental de Reyes Maestre y que su nombramiento se produzca de manera inminente una vez que se constituye el nuevo gobierno municipal -argumenta el juzgado-, nada se ha probado en cuanto a que tal nombramiento sea irregular, ya que fue resultado de votación en Junta General de Accionistas". "Cumple con los requisitos que se establecen en los propios estatutos", concluye.

La magistrada ha recordado que, en el ámbito penal, no entra a valorar si los comportamientos denunciados "deben calificarse como 'política o éticamente correctos'", y deja "tal 'enjuiciamiento' a la propia conciencia de los servidores públicos y, en última instancia, en manos de los electores".

Por su parte, el pasado mes de febrero, la Fiscalía de Getafe-Leganés reclamó el archivo y sobreseimiento de las actuaciones.

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